La polémica jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días en la provincia de Buenos Aires la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a menores a partir de los 14 años, dio esta noche sus argumentos al fallo y aclaró que detrás de su decisión “no hay ninguna ideología política”.
“Nunca fui, ni seré Kuka. Soy garantista de la Constitución, que dice que la privación de la libertad tiene que ser la última condición”, remarcó la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
También dijo que no conoce al sacerdote José María Di Paola, llamado padre Pepe, quien presentó uno de los habeas corpus para frenar la ley. “Nunca hablé con él“, sostuvo la magistrada.
Para justificar la medida de Pascual, el tribunal tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados por “no cumplirse los estándares mínimos”.
Según la jueza, si bien se reconocen avances en materia edilicia, de agua potable y alimentación, se constataron faltas persistentes en el acceso efectivo a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento, situación que fue calificada como recurrente en diversos dispositivos de la provincia según información aportada por el propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
La magistrada se encargó de argumentar su decisión cuando apenas tenía 48 horas de vigencia efectiva, tras la aprobación en el Congreso.
“No estoy arrepentida para nada, salí con esta resolución después de un habeas corpus que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y como yo tenía abierto otro por las condiciones indignas de alojamiento de jóvenes en Lomas de Zamora, me lo tiraron a mí”, expresó Pascual por la señal de A24.
Y agregó: “Esta es una medida cautelar que suspendo por dos meses mientras vemos las alternativas. Yo no estoy en contra de la ley”, aclaró.
Pascual subrayó que con la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil “no se terminará la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires”. “Suspendí la ley por 60 días porque no están dados los mecanismos para atender a los jóvenes”, apuntó a pesar de que la ley se sancionó a fines de febrero.
Al ser consultada de por qué desde marzo, cuando la ley fue registrada, la Provincia no realizó las obras edilicias que ella considera que hacen falta, la jueza explicó: “Yo no soy quien tiene que trabajar con las instituciones para ponerlas en condiciones. Los recursos no están y en la Provincia me dicen que no le mandaron los recursos para implementarlos”.
A partir del fallo de la jueza, desde La Libertad Avanza (LLA) salieron a cuestionar la medida y anticiparon que pedirán un juicio político para destituirla del cargo.
Los libertarios consideran que la decisión de la magistrada “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”, de acuerdo a lo brindado en un comunicado.
Por eso, LLA anunció que comenzaron a analizar los “mecanismos” que puedan derivar en un apartamiento de la magistrada de su lugar en el Poder Judicial de la Provincia.
“El diputado Pareja me inició un juicio político, pero yo lo hice desde mis convicciones para lograr mejores resultados”, sostuvo Pascual en respuesta al comunicado libertario.
Por su parte, Pareja, dijo: “Estamos enojados porque la política le tiene que dar respuestas a la gente, el Congreso trabajó responsablemente y cuando sale la ley, algo pasa que lo impide. Entendemos que hay prevaricato, un exceso en su administración. Está haciendo futurología. Tampoco se tomó el tiempo para ver si nos faltaba lugar para albergar a los jóvenes, porque el penal 56 de La Matanza tiene 200 posiciones libres”, informó Pareja.
