
Con el objetivo de frenar los aumentos venideros en el sistema de transporte público de Mendoza, el Partido Verde acudió a la Justicia y presentó un amparo para intentar que no se apliquen nuevos incrementos.
Fue el senador Dugar Chappel el que impulsó la iniciativa, a fin de contrarrestar la suba aprobada “de manera irregular” por la administración de Alfredo Cornejo. Al legislador lo acompañaron el diputado Emanuel Fugazzotto, el concejal Ricardo García y el presidente del Partido Verde, Mario Vadillo.
Un aumento sin precedentes y con irregularidades
Durante el año pasado, según los voceros del Partido Verde, el costo del transporte público aumentó un 1200%. Sin embargo, en noviembre pasado, el gobierno inició un procedimiento para autorizar un nuevo incremento en las tarifas, que llevaría el boleto urbano a $1.323. Este aumento se realizó sin respetar los procedimientos legales establecidos por la Ley 7412.

“Este tipo de situaciones y desprolijidades son las que después permiten que los usuarios en el interior de nuestra provincia paguen boletos exageradamente caros, y que en el Gran Mendoza las empresas manejen el estado general de las unidades y las frecuencias prácticamente como quieran”, señaló Fugazzotto.
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Por su parte, el senador Chappel remarcó: “Este aumento no solo es desmedido, sino que también fue llevado adelante con una total falta de respeto a la ley. Decidimos actuar judicialmente porque los usuarios no pueden seguir siendo ignorados y maltratados por estas decisiones”.
El gobierno no respetó la intervención del órgano consultivo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 7412. Este órgano, compuesto por sectores técnicos, gremiales, educativos y de usuarios, tiene la obligación de emitir una opinión previa antes de cualquier cambio en las tarifas. Según se lee en la denuncia, el Ejcutivo simuló una reunión del órgano consultivo, lo que constituye un fraude a la ley.
Un procedimiento poco transparente
El incremento fue impulsado en diciembre y enero, meses en los que el transporte público es menos utilizado debido a las vacaciones. “El gobierno esperó un momento de menor uso para implementar un aumento que los usuarios solo descubrirán cuando regresen a sus actividades habituales. Es una maniobra vergonzosa”, agregó Chappel.

Además, en las audiencias públicas realizadas, los planteos de los usuarios no fueron respondidos, lo que dejó a las claras la falta de interés en garantizar transparencia y participación ciudadana. “Lo que ocurrió en las audiencias públicas es indignante. Las preguntas y planteos de los usuarios fueron completamente ignorados, evidenciando una total falta de respeto hacia quienes dependen del transporte público. Realizar esta acción judicial era impostergable”, sostuvo Chappel.
Falta de control sobre las empresas
Desde hace tiempo el Partido Verde viene insistiendo en que el gobierno no tiene información precisa sobre las recaudaciones de las empresas por la venta de boletos. “El colmo es que fijan las tarifas sin saber cuánto recaudan las empresas por la venta de pasajes. No les interesa lo que pagan los mendocinos, solo aumentar los subsidios, como si las empresas no generaran ingresos propios”, destacó Fugazzotto.
En 2025, las empresas de transporte recibirán un aumento del 140% en subsidios y, al mismo tiempo, incrementos de hasta el 1300% en lo recaudado por venta de boletos respecto al año anterior. “A los usuarios nos toman por tontos, y es nuestro deber frenar este avasallamiento a sus derechos”, concluyó el senador Chappel.
El amparo judicial y las expectativas
El amparo judicial presentado por el Partido Verde es evaluado por el Primer Juzgado de Gestión Asociada en lo Civil. Además, la Fiscalía de Estado deberá emitir un dictamen sobre las irregularidades denunciadas.
“Confiamos en que la justicia ponga freno a este atropello y restituya los derechos de los usuarios. No podemos permitir que las empresas de transporte sigan operando con total impunidad, perjudicando a los mendocinos”, cerró Chappel.