Las provincias de Mendoza y La Pampa no llegaron a un acuerdo por el histórico conflicto por las aguas del Río Atuel. “No hubo acuerdo en lo sustancia ni en el Estatuto ni en las obras. Y habrá presentaciones por separado”, dijo el secretario de recursos Hídricos Néstor Lastiri, confirmando así que ya no habrá un acuerdo por el caudal y las obras en el plazo de 90 días que pretendía la Corte Suprema.
La Nación tampoco formó parte en cuanto al acuerdo por obras, por lo que ahora no queda otra alternativa que Mendoza y La Pampa se pronuncien por separado.
El plazo de 90 días establecido en el fallo del 16 de julio de 2020 (que ratificó la interprovincialidad del Atuel y fijo un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo), finalizaba el 10 diciembre. Pero ahora, con los feriados y ferias judiciales, se trasladó hasta el 14 de diciembre.
De todos modos, el 18 de diciembre, La Pampa y Mendoza presentarán sus posturas por separado.
Al gobernador Rodolfo Suarez y su par pampeano Sergio Zilotto se los vio juntos por última vez en la foto del anuncio del Consenso Fiscal. En aquel entonces, se los observó charlando, cuando el resto de los mandatarios ya se retiraba del recinto.
“Nos pusimos de acuerdo en los desacuerdos”, dijo el secretario Lastiri cuando transcurrían las negociaciones en la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior), reflejó El Diario de La Pampa.
Esa comisión integrada por representantes de Mendoza, La Pampa y la Nación debía establecer un estatuto de cuenca, y determinar las obras que se debían hacer para asegurar el cumplimiento de la entrega de 3,2 m3/s de caudal en el territorio pampeano.
En ese punto surgió una gran diferencia en la interpretación del fallo: para Mendoza primero debían acordarse las obras para llegar a ese caudal mínimo en el límite del territorio pampeano, mientras que en la provincia vecina solicitaron que la entrega de agua debía ser inmediata.
Esa diferencia, medular, nunca se zanjó, lo que prácticamente bloqueó las conversaciones.
Es decir, Mendoza y La Pampa no acordaron cuáles son las obras necesarias para asegurar el caudal mínimo.
Tal vez por los pronunciamientos de los funcionarios pampeanos y mendocinos hay un punto de acuerdo que no estaría plasmado pero que surge de esas definiciones: debe mejorar la eficiencia del riego en territorio mendocino. Esto hasta lo reconoció el jurista Aldo Guarino Arias (cuyas posturas negando el derecho de La Pampa sobre el Atuel son retrógradas, arcaicas y sin sustento), quien opinó sobre la obligación de Mendoza de mejorar la eficiencia en el riego.
Lastiri, en el mes de noviembre, comentó el trabajo que realizó la parte pampeana: “estamos trabajando a todo vapor, estamos haciendo una modelación de la cuenca para ver caudales en cada tramo, en muchas cosas del Estatuto estamos de acuerdo, pero en el punto principal hay que ver qué pasa…. está casi todo redactado, pero no está el artículo principal y es el que tiene que decir si Mendoza va a entregar agua o no”.
Ahora, con este panorama, no hay acuerdo posible, ya que según el medio pampeano “Mendoza no accedió a la entrega de agua”.
El funcionario pampeano admitió “que hay un fuerte participación de Nación, sí… eso es cierto. Y otro tema que me consultaron fue si La Pampa tenía puesto algo en el Presupuesto”.
“Nosotros todos los años es algo sobre lo que se guarda una previsión, siempre se han puesto fondos para atender alguna obra… este año creo que fueron 9 millones. Pero, además, las obras entre Mendoza y La Pampa tienen un programa específico de Nación para el financiamiento”, concluyó.
Lastiri negó en esa oportunidad que hubiera negociaciones secretas y partidas destinadas a las obras acordadas, como trascendió en nuestra provincia.
En su momento, el ministro de Infraestructura de Mendoza, Mario Isgró expresó que la suma que debería poner La Pampa sería de 300 millones de pesos.
Sin llegar a un acuerdo por el río Atuel, Mendoza y La Pampa discuten por la construcción de la represa Portezuelo del Viento. La Pampa no se niega a su construcción, pero ha demorado el avance al oponerse en el COIRCO.
Las autoridades de la provincia encabezada por el justicialista Zilotto, reclaman que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Por su parte, Mendoza continúa con la licitación y la Nación con el envío de fondos que son parte de un acuerdo por deudas con la provincia cuyana.
