El pasado miércoles, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Glaciares, una norma que llegó luego de años de debates cruzados y proyectos encajonados, y que, según el análisis de varios referentes de la política, marcará un antes y un después en la economía de Mendoza.
Se trata de la llave que el gobernador Alfredo Cornejo buscaba para abrirle la puerta a la minería a gran escala con el fin de conseguir los dólares que le urgen a la economía nacional, pero también provincial.
Hasta el pasado martes, la ley nacional era un escudo muy amplio que protegía no solo el hielo visible, sino también zonas de rocas y permafrost que frenaban cualquier intención de excavar.
Con la modificación, la protección se achica y se concentra en el hielo que realmente aporta agua, dejando en manos de la provincia la decisión de qué hacer con el resto de las áreas de montaña.
Se trata de la implementación de una norma que llega en un momento decisivo para Mendoza, teniendo en cuenta que tiene la lupa puesta sobre el proyecto Distrito Minero Occidental que ya agrupa decenas de planes para la búsqueda de cobre, uranio y litio.
Para el oficialismo y los sectores alineados que apoyaron la reforma, esta es una gran oportunidad para atraer inversiones que, a nivel nacional, se proyecta que superen los 30 mil millones de dólares, de los cuales, la provincia buscará sacar el mayor rédito posible.
Los diputados nacionales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, alineados al gobernador Cornejo, sostienen que es ahora o nunca, especialmente en un contexto donde los sueldos en Mendoza vienen perdiendo poder adquisitivo sobre una inflación que no logra ser contenida del todo.
Sin embargo, no todo es entusiasmo. Desde la oposición, a la que se sumaron referentes mendocinos, se alzó el grito al cielo en contra de la modificación de la Ley de Glaciares.
Referentes de la talla de Martín Aveiro y Emir Félix votaron en contra advirtiendo que tocar la protección de los glaciares en una provincia que vive en sequía permanente es una jugada demasiado peligrosa.
En tal contexto, organizaciones ambientales están preparando una batería de amparos para frenar los proyectos en marcha, como el de San Jorge (uno de los más destacados por el propio Nieri), asegurando que esta reforma es un retroceso que pone en riesgo el recurso más sagrado para los mendocinos.
Es necesario advertir que en Mendoza, lo que se está debatiendo, es mucho más que una modificación, y escala la tensión a un debate aún más profundo referido al modelo de provincia al que se apuesta para las próximas décadas.
Desde un lado miran la nueva norma como un modelo de eficiencia y desarrollo que atraiga dólares y genere empleo, pero por el otro, sostienen que se trata de una reforma que pone en peligro el entorno natural de Mendoza.
Más allá de la pulseada, que aún no terminó, lo cierto es que la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada y de ahora en más habrá que ver de qué forma acciona cada columna política y, en última instancia, cuál será la decisión final de la justicia.
