La Cámara de Senadores de Mendoza avaló el proyecto de ley presentado por la diputada Cecilia Rodríguez, al que se le acumuló una iniciativa similar de María José Sanz, por el cual se establece con carácter de obligatorio, otorgar prioridad de atención a adultos mayores, mujeres embarazadas y/o gestantes y personas con discapacidad o movilidad reducida.
🤔 Te acordás de los proyectos que armamos con @china_cecilia para otorgar prioridad de atención a adultos mayores, mujeres embarazadas y/o personas gestantes y personas con discapacidad?
⚠️ Hoy el @senadomendoza hizo modificaciones y vuelve a Diputados. Pronto tendremos #Ley! 💃🏽— María José Sanz (@JolaSanz) July 28, 2021
La medida abarcará a todo establecimiento público dependiente de la provincia, como así también a todo establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma o modalidad.
“Se trata de algo que debiéramos respetar todos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado en relación a la atención al público. Pero que no siempre sucede“, explicó Rodríguez en comunicación con Radio News.
“Esto surgió de una experiencia que se dio en el ámbito de la Ciudad de Mendoza, que tras una modificación de su código de convivencia, estableció la prioridad de manera obligatoria en su jurisdicción. A través de la difusión de la normativa a través de cartelería, se resolvió en gran medida e incluso al día de la fecha no se han registrado denuncias”, argumentó la legisladora impulsora.
Hoy se sumaron varias radios para seguir hablando de algo que entendemos es una necesidad. Tomando el ejemplo de la ordenanza que tiene la @ciudaddemendoza por iniciativa del Intendente @UlpianoSuarez en conjunto con @BeaEMartinez@ucrdiputadosmza#prioridaddeatención https://t.co/VyilLlI7x1
— Cecilia Rodriguez (@china_cecilia) July 28, 2021
“Comerciantes y personas que realizan atención al público explican que el hecho de que haya una ordenanza municipal los ayuda a sacarlos de apuro cuando alguna persona no quiere respetar la prioridad. Ahora buscamos que sea de aplicación provincial a través de la ley”, mencionó. De esta manera, se busca respaldar a empleados y empleadas frente a aquellas personas que no respetan la prioridad por voluntad propia.
“Hablamos de personas con movilidad reducida, personas gestantes, de adultos mayores, de personas con discapacidad. Se trata de que estas personas tengan la oportunidad de ejercer su derecho a no esperar de más, entendiendo una situación razonable como lo es una situación de movilidad reducida, que la mayor parte de las veces es bastante evidente”, expresó la diputada radical.
“Lo que buscamos, a través de una modificación del Código de Faltas de Mendoza, es que las personas tengan la oportunidad de denunciar el incumplimiento. No es la idea estar llenando de denuncias, pero si que la persona tenga la herramienta”, explicó Rodríguez y agregó que a las vías de denuncias ya existentes se sumará la línea de Defensa al Consumidor.
“Dejamos en claro que estas situaciones tienen su gravedad, no es un delito, pero como sociedad tenemos que entender que a estas personas se les debe ceder su lugar”, enfatizó.
Durante su tratamiento en el recinto, el senador Marcelo Rubio explicó que lo novedoso del proyecto es que se incorpora el artículo 85 bis. «En ese mismo artículo establece las sanciones en caso de no darle prioridad a estas personas, que son de 500 a 2.000 unidades fiscales aproximadamente. Incorporamos una modificación al artículo 10, hemos querido adoptar una fórmula proporcionada por el senador Juan Carlos Jaliff. Se relaciona con la necesidad de invitar a los municipios», indicó.
La propuesta fue acompañada por 35 legisladores por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados en segunda revisión, tras la realización de una pequeña modificación. Rodríguez adelantó que podría tratarse en el recinto durante la próxima semana.
“Hemos llamado a adherir a esta normativa a los municipios porque la experiencia que se ha dado en la Ciudad ha servido mucho. Sobre todo se ha notado mucho en el ámbito de la información y la capacitación“, mencionó Rodríguez.
La diputada explicó que el tiempo de aplicación ronda los dos meses desde que se logre la sanción, y dependerá también de que se tenga que reglamentar alguna cuestión que determine el Ejecutivo para que pueda entrar en vigencia.
“Es importante que en el marco de otras temáticas, le podamos también dar lugar a estas cosas que ayudan a generar conciencia”, dejó su mensaje.
Para la diputada, el contexto de pandemia y la implementación de la atención con turnos en la mayoría de los trámites, ayuda a la atención de estos grupos y disminuir los tiempos de espera.
