La violencia de género recrudece constantemente y su consecuencia más grave son los femicidios. En tal sentido, la diputada provincial del Frente de Todos, Laura Chazarreta, habló de cómo se vive esta situación en la provincia de Mendoza y aseguró que “siento que hay mucha resistencia al reconocer la violencia y desigualdades”.
Quien fuera además integrante de Ni Una Menos, en una entrevista brindada a Radio Elevediez, mencionó que a partir de la reactivación de la Comisión Bicameral de Seguridad, se comenzó a hacer hincapié en la necesidad de tener una referida especialmente a la violencia de género. Si bien la iniciativa fue presentada en marzo del 2020, aún no se le ha dado tratamiento.
Aseveró que dicha comisión no debe ser especial, sino permanente, ya que “Mendoza está en el cuarto lugar en violencia de género”, manifestó haciendo referencia al informe del 144, que demuestra que en cantidad de llamados Mendoza está por debajo de Buenos Aires, CABA y Santa Fe.
La propuesta pone la lupa en actuar sobre la desigualdad con el fin de prevenir la violencia. En otras palabras, llevar a cabo “políticas que eviten los femicidios y no que terminemos actuando después de que asesinen a nuestras mujeres y adolescentes”.
Asimismo explicó respecto del proyecto que este miércoles 10 “se votó la preferencia con despacho, que significa que se le dé prioridad para que se pueda dar el tratamiento en la sesión y así realmente se pueda conformar la comisión”.
La legisladora aseguró que desde el Estado se debe tomar seriamente el asunto y capacitarse para poder atender las demandas planteadas. “Estamos hablando de las desigualdades, de las violencias que sufrimos las mujeres, diversidades, niños y niñas en toda la provincia”.
En lo que refiere a Mendoza, el asesinato de Florencia Romano acontecido el pasado diciembre es un ejemplo de cómo el Estado puede estar ausente. “Hablamos de un crimen del Estado”, mencionó Chazarreta en referencia al llamado al 911 que fue colgado.
El femicidio de Úrsula Bahillo, sucedido esta semana en la provincia de Buenos Aires, instaló nuevamente el tema en la agenda.
La responsabilidad tras el crimen de Romano, fue puesta en la empleada que no le dio importancia al llamado. Por ello, la diputada comentó que se pidieron los protocolos de actuación del 911: “Nos dijeron que había un solo protocolo de emergencia para todos los llamados. Es decir, que no tienen un protocolo para la violencia de género”.
Destacó además que a pesar de la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres existe desde el año 2009 “no la utilizan en la Justicia o la utilizan poco y la excusa es que no han hecho una capacitación (…) tienen que haber personas que estén capacitadas”, tal cual establece la Ley Micaela.
“Cómo puede ser que no tomen en cuenta las pruebas o las pericias de mujeres ante violencia y todavía sigan pidiendo testigos. Habla de lo absurdo, cuando sabemos que un gran porcentaje de la violencia de género sucede en el ámbito privado y no hay testigos”, fustigó.
