Un empresario farmacéutico fue condenado a la pena de 14 años de prisión por el delito de abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de uno de sus nietos, un adolescente de 14 años con discapacidad, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Roberto Lima, empresario farmacéutico y propietario de tres farmacias en San Rafael, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal en concurso real y corrupción de menores agravado en concurso ideal” en perjuicio de su nieto, hecho descubierto por otro de los nietos del hombre, quien habría observado el ultraje y fue a contárselo a su mamá.
La denuncia fue realizada hace ya más de dos años por la mamá del menor e hija del condenado, delito que fue confirmado tras la realización y análisis de varias Cámaras Gesell.
Sin embargo, hace más de dos años al conocerse la denuncia, el resto de sus familiares directos salieron en su defensa.
“No encontramos con la necesidad de manifestar públicamente que sus hijos Federico, María Fernanda, y Jorgelina, así como su esposa Nelly Sánchez, su nuera Natali Rubin y su yerno David Salsa, No formamos parte de esa denuncia, muy por el contrario, estamos en desacuerdo con dicha acusación al considerar los intereses económicos que hay de por medio, y demás cuestiones interpersonales y de salud (como estados psicológicos y emocionales), los que serán dilucidados a través de diferentes medios probatorios en la justicia”, decía el escrito.
Luego, las Cámaras Gesell con los testimonios de los hermanos del chico abusado fueron determinantes para la condena que recibió hoy Roberto Lima, cuyos abogados pidieron que no se le revoque la prisión domiciliaria porque no estaba firme la condena y no existían riesgos procesales de fuga.
Sin embargo, los jueces consideraron que el poder económico de Lima le puede facilitar la fuga y ahora condenado, quien estaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, deberá volver a la cárcel tal como pidió la Fiscalía.
La Fiscalía encabezada por Paula Arana había solicitado 15 años de prisión, la querella 16 años y la defensa a cargo de Alejandro Cazabán, pidió la absolución del imputado.
El Tribunal estuvo compuesto por los jueces María Eugenia Laigle, Jorge Yapur y María del Carmen Camiletti.
