La Unidad de Información Financiera (UIF), ordenó que a partir del 1 de junio, las entidades registradas en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) deberán informar sobre sus beneficiarios finales y el origen de los fondos de su capital.
La Resolución se encuentra en concordancia con las responsabilidades que la República Argentina tiene como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta organización intergubernamental fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira, reveló el fin de la iniciativa. “El objetivo principal es colaborar eficazmente con la tarea que desarrolla la Unidad de Información Financiera en la prevención de estos delitos“.
La UIF es el organismo que tiene a cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información con el objeto de prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y los delitos económico-financieros complejos (DEFC).
A través de estos controles se busca prevenir el lavado de activos. Es decir, el proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.
