“Juan Carlos sirvió al país y podría haber perdido la vida. Cuando la perdió, nadie hizo nada con eso”, dijo la abogada Graciela De la Serna sobre su primo, el piloto mendocino Juan Carlos Castillo.
Se trata de un veterano de la Guerra de Malvinas que falleció mientras piloteaba un helicóptero durante la filmación de un reality show en La Rioja. La causa por ese accidente, en el que murieron 10 personas, está paralizada, según revela hoy el portal Infobae.
La familia Castillo reclama que el expediente se destrabe. Así se lo dijo su esposa Cristina Álvarez a Infobae: “Después de 6 años queremos que se haga justicia para poder cerrar el duelo y terminar este capítulo tan doloroso para nosotros. Mi esposo fue un héroe y sirvió a su patria con lealtad y denuedo, y nos gustaría que su nombre no quede en el anonimato”.
Abandonados
El llamado “accidente de Villa Castelli” fue el mayor accidente civil de helicópteros de la historia argentina. Ocurrió el 9 de mayo de 2015 en esa pequeña localidad del oeste riojano, a donde se estaba filmando para la televisión francesa el reality show Dropped. El programa consistía en abandonar a los participantes en una zona deshabitada para que regresen por sus propios medios hasta la civilización.
Para trasladar a los participantes, los gobiernos de La Rioja y Santiago del Estero habían cedido sus helicópteros sanitarios, a pesar de que las leyes se lo impedían. Durante uno de los vuelos se produjo el choque fatal. Castillo piloteaba la nave de La Rioja. El otro piloto era Roberto Abate. Viajaban junto ocho ciudadanos franceses: dos camarógrafos, un sonidista, dos productores y los participantes, que eran tres prestigiosos deportistas franceses, los medallistas olímpicos Camille Muffat (natación) y Alexis Vastine (boxeo), y la regatista Florence Arthaud. Todos fallecieron.
De Malvinas a La Rioja
“Lalo” o “Pelado” Castillo, como lo llaman los que lo conocieron, tuvo una vida de película. En 1977 egresó de la Escuela de Aviación Militar. No sabía que su esposa Cristina estaba embarazada, a la espera de la segunda de sus tres hijas, cuando una noche lo despertaron, le pusieron una inyección porque estaba con neumonía y lo enviaron a Santa Cruz como parte de una tripulación de refuerzo por la Guerra de Malvinas. No estuvo en las islas, pero voló dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, por lo que es reconocido como veterano de guerra.
“En 1982 Juan Carlos Castillo era teniente, piloto de Bell 212. Fue desplegado con otras personas desde la VII Brigada Aérea como refuerzo de tripulación del helicóptero que estaba destinado en forma permanente en Río Gallegos”, contó a Infobae una fuente de la Fuerza Aérea.
“Él iba a ir a las islas de relevo varias veces. Intentaron cruzar, subieron al avión Hércules C-130, y cuando estaban próximos a llegar a Malvinas el avión se tuvo que volver, en una oportunidad, por cuestiones meteorológicas, y en una o dos oportunidades más, por la presencia de patrullas enemigas, que estaban al acecho de nuestra aviación cerca de las islas”, precisó.
Tras el retorno a su Mendoza natal, Castillo no paró de sumar horas de vuelo. Su familia recuerda su interminable currículum: estuvo en muchas campañas antárticas, trasladó a los ex presidente Ricardo Alfonsín y Carlos Menem, instaló hitos en la frontera con Chile, trabajó en rescates e inundaciones, en el rally Dakar y en publicidades, y fue creador de la Unidad Aeronáutica Policial en Mendoza.
Juan Carlos Castillo en la AntártidaCastillo se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de vicecomodoro. Pero no volvió a hablar de la guerra. Su esposa y sus hijas apenas saben lo que vivió. Cada 2 de abril les decía que era un día triste, porque había perdido muchos amigos.
El accidente
El 9 de marzo, día del accidente en Villa Castelli, Cristina llamó al mediodía a Juan Carlos para contarle que su hija menor, María Victoria, estaba embarazada de un varón. Estaba contento, iba a ser abuelo por segunda vez. A su regreso a Mendoza lo esperaba un asado para festejar.
Por la tarde, Juan Carlos y el otro piloto tenían que llevar en los helicópteros de La Rioja y Santiago del Estero a los participantes del reality show hasta la Quebrada de Yeso. Para ello se planificó que tras el despegue las naves hicieran un vuelo en formación de 360 grados para luego partir hacia el oeste. Pero 100 segundos después de que el segundo helicóptero comenzara a volar, las naves colisionaron en el aire, a 70 metros de altura.
Al analizar las causas del accidente, el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil no llegó a ninguna conclusión definitiva, pero apuntó, fundamentalmente, a cuestiones que tendrían que ver con errores humanos, como un déficit en la planificación del vuelo.
En paralelo, por el accidente se abrió una investigación en el juzgado federal de La Rioja, que hoy está centrada en las irregularidades que culminaron en el choque fatal. Ninguno de los dos helicópteros estaba legalmente habilitado para trabajar con fines comerciales. Eso abrió una gran pregunta que todavía la justicia no respondió: ¿qué funcionarios y por qué ordenaron que las naves sean cedidas a una empresa privada?
La causa tiene siete imputados por el delito de estrago culposo, que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión cuando hay fallecidos. Tres de ellos eran o son funcionarios: el ex intendente de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza -que era secretario de Gobierno en 2015-, el entonces secretario de Turismo, Álvaro Del Pino, y el todavía director de Aeronáutica, Daniel Gorkich.
También fueron imputados dos productores argentinos contratados por ALP, Gustavo Gordonas y Carola Iujvidin, y el agente de turismo Mariano Platero, cuyos servicios fueron utilizados por la empresa francesa. La última novedad fue la imputación del ciudadano sueco Peter Högberg, cuya empresa Expeditionary Solutions estaba a cargo de la logística y seguridad de todo el reality show, incluido el vuelo fatal. Su rol fue completamente ignorado por la justicia durante años hasta que una investigación periodística de este cronista lo puso sobre el tapete.
A pesar de todas esas imputaciones y de los 2.216 días que pasaron desde el accidente, un eventual juicio oral parece todavía una lejana y difusa posibilidad. La causa a la que accedió Infobae estuvo empantanada en varios pasajes y casi no hubo medidas de prueba importantes desde las primeras indagatorias. Hoy se encuentra paralizada desde la feria judicial extraordinaria que en marzo de 2020 se estableció por la pandemia.
“No tenemos al esposo, al padre, no tenemos al abuelo. Es terrible tener que vivir una experiencia como la que hemos vivido sin que nadie nos dé una respuesta, a pesar de todo lo que hemos insistido”, cuestionó al respecto Cristina, la esposa de Castillo, quien es querellante en la causa.
Quizás sirvan para graficar el entuerto judicial algunos pasajes de la causa. Un ejemplo: la firma en el contrato de cesión del helicóptero de La Rioja a una empresa privada incorporado al expediente fue tachada y así luce hasta el día de hoy. Otra postal: Gendarmería usó una herramienta de Google para traducir al español unos correos electrónicos, lo que llevó a la Fiscalía a hacer una interpretación errónea de su contenido.
Para fines de marzo del año pasado había una serie de medidas de prueba previstas, pedidas en noviembre de 2019 por la fiscal Virginia Miguel Carmona, en un dictamen en el que reformuló los hechos. Entre el 17 y el 31 de marzo iban a declarar por primera vez como imputados el ex intendente de la capital riojana Paredes Urquiza y el sueco Peter Högberg, y el resto de los acusados iba a ampliar sus indagatorias. Pero todas las audiencias fueron suspendidas y hasta hoy no fueron reprogramadas. Al cierre de esta nota, la fiscal no lo había solicitado, según confirmó la querella.
Las causas en Francia
En París hay varias causas civiles y un juicio penal. En el primer plano, la productora ALP ya fue condenada a indemnizar a familiares de algunas víctimas. En el terreno criminal, en tanto, están formalmente acusados el ciudadano sueco Peter Högberg y un director de la productora, Nicolas Roussel, ambos imputados por “homicidio involuntario”.
Según un cable de la agencia AFP, la justicia francesa los acusa, entre otras cosas, de “haber hecho que los pilotos y helicópteros finalmente involucrados en el accidente fueran seleccionados por criterios principalmente económicos más que por competencia”.
