En las últimas horas, el Gobierno firmó dos Decretos que posibilitan la intervención de las Fuerzas Armadas ante conflictos con organizaciones terroristas y narcotraficantes.
Además, la iniciativa también autoriza la custodia de puntos vitales para el orden del país e incluso, en algunos casos, detener a personas que estén cometiendo delitos.
Tal cual había trascendido días atrás, el ministro mendocino de Defensa, Luis Petri, venía trabajando esta propuesta junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, a fin de darle un rol más preponderante al sector militar.
Específicamente, lo que Nación busca con esta iniciativa fue modificar el margen de acción que las FFAA tienen para pasar a considerar como amenazas diferentes formas de agresión que exceden a los simples ataques por parte de otros Estados.
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Este punto fue uno de los motivos por los cuales fue desplazado el Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto, Jorge Berredo, que rechazó tajantemente el cambio de paradigma impulsado por el Gobierno y renunció en medio de una polémica denuncia de extorsión contra sus colegas.
A finales de la semana pasada, Milei, Petri y Bullrich firmaron el Decreto 1107/2024, a partir del cual se especificó el término “Objetivos de Valor Estratégico” destacados en la Ley N° 23.554 y que pueden ser custodiados por los militares.
Desde el gobierno detallaron en el texto que debe entenderse como tal a ”cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.
De esta forma, según voceros oficiales, se permitiría la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las centrales nucleares de Atucha I y II, ubicadas sobre el margen derecho del río Paraná de las Palmas, en el partido bonaerense de Zárate, o la de Embalse, en la ciudad cordobesa de Río Tercero.
Además, podrían solicitar la presencia del Ejército en algunas represas hidroeléctricas, que abastecen con energía a amplias zonas del país, o inclusive en edificios como el Congreso o la Casa Rosada, si así lo considera el Gobierno.
Sin embargo, por ahora los sitios a ser custodiados no fueron detallados y, según el Decreto en cuestión, será Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o los Ministros de Defensa y de Seguridad, los que determinarán qué lugares requieren ese tipo de protección.
Por otra parte, las autoridades nacionales publicaron otro Decreto, el 1112/24, que modificó la reglamentación de la ley de Defensa.
De esta manera, habilitaron a las FFAA a actuar “en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones” por parte de “eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales de la Nación”.
Además, incluyeron como posibles enemigos a “Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, por lo que se les permite a los militares defenderse e incluso apresar a criminales, “bajo determinados supuestos”.
”Durante la ejecución de las operaciones militares, actividades de adiestramiento operacional u otras tareas a los fines del servicio, los miembros de las Fuerzas Armadas se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones que pongan en riesgo la vida del personal o afecten gravemente el material y equipo necesarios para la Defensa Nacional. Lo podrán hacer en toda instalación militar, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen dichas actividades, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”, agregaron.
Y aclararon que, “en los supuestos mencionados, podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia”.
