
En medio de investigaciones judiciales y desvíos de fondos de la gestión, varios nombres comenzaron a sonar como posibles reemplazantes provisorios.
Carlos Castro, el dirigente leproso que gana terreno
Uno de los principales candidatos a asumir la presidencia interina es Carlos Castro, histórico dirigente vinculado a Independiente Rivadavia. Castro supo ser presidente del Azul del Parque y también vicepresidente de la Liga Mendocina, por lo que conoce la estructura interna y el funcionamiento administrativo de la entidad.
La renuncia de Omar Sperdutti a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol abrió un escenario de fuerte tensión institucional y aceleró las negociaciones para definir una conducción interina. En medio de investigaciones judiciales y desvíos de fondos de la…
Fuentes del ambiente futbolístico aseguraron que su perfil dialoguista y su experiencia dirigencial lo posicionan como una figura de consenso para atravesar la transición. La posibilidad de que un “dirigente leproso” encabece la etapa interina ya generó repercusiones en el resto de los clubes.

Diego Reyes y la comisión normalizadora
Otro nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Diego Reyes, actual representante del Consejo Federal en AFA y con funciones en la gerencia del Arena Maipú. Según trascendió, sería el elegido para encabezar una comisión normalizadora.
La propuesta contempla una comisión integrada por un delegado de cada club fundador de la Liga Mendocina. Este esquema buscaría garantizar transparencia y participación plural en medio de la crisis institucional.

Reyes cuenta con experiencia en el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino, un factor clave si se avanza con una normalización supervisada desde el Consejo Federal.
Andrés Nicosia, otra alternativa desde Godoy Cruz
También apareció en el radar Andrés Nicosia, dirigente de Godoy Cruz Antonio Tomba. Su nombre comenzó a circular como alternativa dentro del consenso que buscan construir los clubes con mayor peso institucional.
Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, distintos sectores consideran que la participación de representantes de Godoy Cruz podría aportar equilibrio en la transición. Nicosia estuvo vinculado a la gestión política del peronismo en la Provincia, como ex director de Personas Jurídicas.

El trasfondo judicial que aceleró la salida
La crisis institucional no se limita al plano político. La salida de Sperdutti se da en un contexto de investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas con fondos de la Liga Mendocina.
De acuerdo con la presentación radicada en la DPJ, desde la Liga se habrían transferido $21 millones a la firma DHP60 SAS, cuya gerente titular es Sonia González, esposa de Sperdutti. La investigación busca establecer si esos pagos respondieron a servicios efectivamente prestados o si constituyeron una maniobra incompatible con la normativa vigente.
Además, se analiza el envío de aproximadamente $108 millones a la empresa TRANSOSGI SA, en cuyo directorio participan dos hijos del titular de la Liga. La fiscalía procura determinar el circuito administrativo de las operaciones, la documentación respaldatoria y el eventual conflicto de intereses en la utilización de fondos institucionales.
La situación de Ricardo Paredes
Uno de los focos está puesto también en Ricardo Paredes, gerente administrativo de la Liga, quien manejaba claves y cuentas bancarias de la entidad. Su nombre aparece vinculado a una causa por presuntas estafas relacionadas con revisaciones médicas obligatorias para jugadores juveniles.
Según consta en la investigación, padres del Club Palmira denunciaron irregularidades en los estudios médicos, incluyendo certificados presuntamente “truchos” y cobros en efectivo o a través de cuentas particulares de Mercado Pago que no pertenecerían oficialmente a la Liga.
Las revisaciones estaban a cargo de la obra social S+MM Salud, del departamento de Maipú. Según los datos de la causa, se habrían realizado 6.300 estudios a un costo de $37.000 cada uno, lo que representa alrededor de $23 millones. A esto se sumarían pagos de inscripción de $5.000 sin facturación, elevando el monto a unos $30 millones adicionales.
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