Atrás quedó el día en que los integrantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo para postergar la fecha de las elecciones de este año.
La fotografía del consenso parlamentario duró poco menos de una semana, ya que el oficialismo volvió a la carga con la reforma de la Procuración General de la Nación y reabrió una grieta de larga data.
El tema se encontraba latente desde que el año pasado el Senado aprobó la reforma propuesta por senadores kirchneristas.
Sin embargo, ante la imposibilidad de reunir los votos para avanzar en Diputados, el debate se diluyó por varios meses, para reaparecer ahora con una convocatoria que promete polémica.
Para este martes a las 19:00, el Frente de Todos llamó a un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de forma presencial, algo que no se ha visto mucho desde que hace un año comenzó en el Congreso el trabajo virtual por la pandemia de coronavirus.
La razón de convocar a un encuentro cara a cara tiene que ver con el “portazo virtual” que dieron los diputados de Juntos por el Cambio a la reunión de comisiones que tuvo lugar este viernes, cuando el oficialismo propició una reunión informativa sobre el proyecto, con la presencia de distintos expositores.
La oposición acusó al Frente de Todos de montar una “farsa” y no permitirle realizar invitaciones al encuentro.
Además, cuestionó el fondo de la reforma e insistió en que se trata de un proyecto con nombre y apellido: Eduardo Casal, el procurador interino desde 2017, enfrentado con el Frente de Todos.
Retirarse del plenario virtual -jugada que, dicho sea de paso, no tiene el mismo impacto que cuando se realiza de forma presencial- motivó a que el bloque oficialista hiciera este llamado a verse las caras el próximo martes. Léase: una polémica mucho más grande se avecina.
Fuentes de la bancada del FdT afirmaron a la agencia Noticias Argentinas que hay “altas chances de sacar dictamen” el próximo martes.
Esto quiere decir que el proyecto que modifica la mayoría necesaria para nombrar a un nuevo procurador quedaría listo para discutirse en el recinto.
En el oficialismo son optimistas sobre el resultado final y afirman que tienen los votos para aprobar la modificación, aunque queden dudas sobre las cuentas que hacen y quiénes serán los opositores de las bancadas pequeñas que finalmente respalden el texto final.
La estrategia del Gobierno es realizar alguna modificación a la letra original del proyecto y conseguir así los apoyos necesarios, ya que si el proyecto debe volver al Senado para ser ratificado, no tendrá dificultades para sancionarlo.
El rol de Martín Soria
El jueves, un día antes del encuentro abandonado por Juntos por el Cambio, el ministro de Justicia, Martín Soria, se reunió a solas con el jefe del interbloque de Unidad Federal, José Luis Ramón.
La información oficial dijo que la entrevista fue para dialogar sobre “formas de mejorar el funcionamiento de la justicia”.
Se sabe que el motivo real fue discutir sobre el proyecto de la Procuración y negociar un acompañamiento.
Integrantes del bloque oficialista reconocieron a la agencia NA que sin el apoyo del interbloque del mendocino Ramón no podrían sacar dictamen en próximo martes, por eso la necesidad de su respaldo.
Sin embargo, le restaron mérito a Soria a la hora de destrabar la eventual sanción del proyecto y describieron su accionar como “humo”, al menos por ahora.
El rol del ministro, que hasta asumir en el Gabinete ocupó una banca en Diputados, es una de las incógnitas por estas horas, ya que se puso al frente de una cartera muy observada por los sectores del kirchnerismo más puro.
De hecho, llegó al cargo luego de la salida de Marcela Losardo, fuertemente cuestionada por los propios por su falta de resultados al frente de Justicia.
¿Qué se quiere reformar?
La propuesta oficial plantea que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente.
Además, el proyecto elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con la posibilidad de ser reelegido una vez.
El nuevo texto otorga a la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso -actualmente con mayoría oficialista- la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.
También modifica la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.
El oficialismo buscará aprobar hoy la modificación para elegir al jefe de los fiscales
