El radical Juan Martín, junto a sus compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, impulsó un proyecto de ley para modificar un artículo del Código Procesal Penal y agilizar la devolución de propiedades usurpadas.
“Las usurpaciones son un problema creciente y merecen una respuesta contundente. Proponemos modificar el Código Procesal Penal para que en casos de ocupaciones ilegales, sean inmuebles privados o públicos, las víctimas puedan recuperar de forma inmediata lo que les corresponde“, dijo el autor de la iniciativa, que fue acompañado por sus pares mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
En el proyecto en cuestión, destacó que la devolución debe realizarse “en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil”.
“Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincia y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, agregó el legislador.
La discusión por el déficit habitacional no es nueva. Inclusive, mañana la Cámara baja debatirá nuevamente los alcances de la polémica ley de alquileres.
La oposición, que se encuentra en tratativas con Interbloque Federal para imponer una serie de cambios, busca que los incentivos fiscales que lleve adelante el estado no se hagan sobre los precios, sino sobre la regulación de una mayor oferta de propiedades.
Martín remarcó que “el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años y no hay respuestas eficientes por parte de las autoridades, que por momentos consienten y apañan ésta actitud delictiva”.
“El déficit habitacional real y objetivo que nos interpela, no puede ser resuelto a expensas de los derechos de otros habitantes, como el de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente, siendo su solución competencia de otras áreas y organismos del Estado”, siguió.
Además, añadió que la “ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional” no puede traducirse en tomas de propiedades estatales o de terceros.
“Resulta paradójico que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que le es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la documentación que acredita su propiedad”, agregó.
Además de Nieri y Verasay, se mostraron a favor de la iniciativa Mario Negri, Miguel Bazze, Fabio Quetglas, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lidia Ascárate, Gerardo Milman, Pablo Torello, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini, Francisco Monti, Roberto Sánchez, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Hugo Romero, Ximena García, Gustavo Bohuid, Marcela Coli, Juan Carlos Polini, Jorge Vara, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Miguel Nanni, Karina Bachey, Carolina Castets y Alberto Asseff.
