La fiscalía pidió este jueves 15 años de prisión para Armando Fernández y 13 años para Iris Luffi, los apropiadores de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, en las audiencias que se desarrollan en el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Mendoza por crímenes de lesa humanidad.
El pedido de pena fue formulado por el fiscal Daniel Rodríguez Infante para el matrimonio que componen Luffi y Fernández, un exoficial inspector en el Departamento de Informaciones (D-2) de la policía mendocina.
El fiscal retomó el tramo final de su alegato, que inició el 10 de septiembre ante el TOF 1, en el juicio por la apropiación ilegal de la nieta restituida 127, en el que también pidió la pena de 13 años para Abelardo Garay, otro ex policía acusado de falsificar junto al ya fallecido ex inspector Eduardo Smaha su rol como testigo del nacimiento de la nieta recuperada.
Todos fueron acusados como coautores por el delito de sustracción, retención, ocultamiento y falsedad ideológica de una menor de 10 años, quienes impidieron que la nieta recuperada restablezca su vínculo con sus legítimos tenedores y que sus familiares conozcan su ubicación, en el caso de Fernández y Garay agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad.
Sobre esto último, desde la Fiscalía solicitaron una medida que no había sido considerada hasta ahora: “En caso de resultar condenados vamos a pedir que a Fernández y Garay, a través de la Inspección General de Seguridad, se les dé el cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración de la fuerza policial de Mendoza”.
“Es de suma gravedad -argumentó Rodríguez Infante- que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, que se valieron de la fuerza para cometer estos delitos, preserven el estado policial”.
Además solicitó al Tribunal, en base de jurisprudencia, una medida de reparación para la familia de María del Carmen Moyano y que sea considerada víctima de violencia por razones de género, en este caso, porque sufrió diversos tormentos, fue obligada a parir y su hija fue sustraída.
La audiencia de hoy comenzó pasadas las 10 y terminó cerca de las 14 y el fiscal realizó un recorrido sobre las acciones de búsqueda que llevaron adelante los familiares de Moyano y Poblete, además de la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S y el aporte de testigos y diversos documentos que luego llevaron a la recuperación de la identidad de Mirian Poblete.
En este sentido el fiscal recordó un tramo de la declaración de Adriana Moyano, hermana de María del Carmen. “Ayer estaba recordando el sufrimiento de mi padre, todos estos años, a partir de la desaparición de mi hermana, mes a mes iba al Ministerio del Interior a presentar habeas corpus buscándola, recorriendo junto a él en todas las Casas Cunas del país”.
“Y nosotras detrás compartiendo, compartiendo también como se fue apagando su vida por la tristeza de no encontrarla, porque en un determinado momento asumimos que la habían matado”, añadió.
Además el representante fiscal se valió de las declaraciones de otros testigos que dieron cuenta que Mirian no era hija biológica del matrimonio Luffi y Fernández. Una de las ellas fue la nieta recuperada. “Mi papá me dijo que era adoptada en condiciones no legales”, recordó el fiscal sobre aquel testimonio que dio la hija de Moyano el pasado 27 de agosto.
En otra parte de su alegato recordó ante el Tribunal la responsabilidad del Departamento de Informaciones dentro de la estructura de represión de la dictadura militar en el cual Fernández y Garay fueron partes directas de ellas por lo que no desconocían sobre la persecución a Moyano.
Finalmente Rodríguez Infante le habló al matrimonio compuesto por Fernández y Luffi, a quienes les pidió que rompan el pacto de silencio y digan la verdad de lo que ocurrió, porque se lo deben a la sociedad en su conjunto, y se lo deben por supuesto a Mirian, concluyó. Finalizada la jornada de hoy el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 22 de octubre.
La nieta 127 nació en la exESMA en junio de 1977 y fue sustraída a su madre luego del parto para después ser inscripta en Mendoza, bajo un nombre apócrifo, por el matrimonio Luffi-Fernández.
