La etapa de alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por el Destacamento 144 que se llevan a cabo en el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Mendoza continuó este viernes con la exposición de la fiscalía sobre el accionar y los hechos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en diversos operativos clandestinos durante la última dictadura cívico militar.
El fiscal Daniel Rodríguez Infante en las jornadas de ayer y hoy, repasó los hechos y la responsabilidad penal de los imputados y describió la función de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas de Seguridad y como se relacionaban entre sí tanto dentro y fuera de los diferentes Centros Clandestino de Detención (CCD) en Mendoza.
En esta doble jornada, que comenzó el jueves y continuó este viernes, el fiscal dio cuenta de la normativa represiva y mencionó procedimientos y reglamentos que se aplicaban en las distintas Fuerzas de Seguridad como “las directivas del Consejo de Defensa 1/75 y la 404/75 del comandante general del Ejército y otras se referían al rol y al funcionamiento particular de cada repartición en la represión”.
Sobre cómo interactuaban, infante se refirió a “operativos en los que había transportes y vestimentas de los miembros de seguridad con insignias militares y había otros operativos con personas vestidas de civil sin ninguna identificación oficial”.
Y agregó: “Un ejemplo de esto es el de la familia Pérez, por un lado, en un domicilio se hacía un operativo con camiones de la Fuerza Aérea identificados, y allí no se iba a secuestrar a Jorge y Emiliano Pérez”.
“En ese procedimiento -continuó el fiscal- está absolutamente coordinado con el otro que se hizo en el domicilio donde vivía Emiliano Pérez junto a su esposa, Isabel Güinchul, y donde estaba Jorge Emiliano Pérez y ahí actúa la patota de civil con vehículos no oficiales, clandestinos y se hablaban por radio”.
Los Pérez fueron secuestrados el 6 de abril de 1977 en la casa de Emiliano, en el departamento mendocino de Las Heras, en tanto Gloria Fonseca, esposa de Jorge fue detenida en la terminal de Mendoza tres días después cuando regresaba de Córdoba, todo ellos aún continúan desaparecidos.
Los imputados en este juicio, que comenzó en abril de 2019, son exintegrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Policía, y están acusados por crímenes perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres fueron ejecutadas.
Entre los acusados hay miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, de la Fuerza Aérea, y policías del Departamento de Informaciones (D2) y personal de las Comisarías 7° y 16°.
El Tribunal, cerca de las 15, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 3 de noviembre, jornada en que se retomarán los alegatos por parte de la fiscalía.
