La vuelta de la actividad judicial esta semana estará signada por la continuidad del teletrabajo y definiciones en causas del fuero federal, entre ellas el juicio por lavado de dinero a Lázaro Báez, la que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el gobierno de Cambiemos y la situación del exvicepresidente Amado Boudou.
Tal como ocurrió con las cuestiones urgentes en la feria judicial de enero, en el reinicio tribunalicio del 2021 se impondrá por ahora el trabajo a distancia ante la pandemia de coronavirus, con juicios orales, audiencias y acuerdos entre jueces por videoconferencia y resoluciones firmadas de manera remota.
Por lo pronto, el miércoles próximo se reanudará el juicio oral al detenido empresario dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez, con arresto domiciliario, y sus cuatro hijos por lavado de dinero, en etapa de últimas palabras y con veredicto previsto para febrero.
Con pedido fiscal de doce años de prisión, Báez habló ante el Tribunal Oral Federal 4 en diciembre pasado y dijo ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
El miércoles 3 de febrero será el turno de su hijo mayor Martín Báez, también detenido aunque en su caso sigue en la cárcel y otros acusados, en el juicio que seguirá de manera remota por videoconferencia.
Los otros tres hermanos Báez, Leandro, Melina y Luciana prefirieron no hacer uso de su derecho a decir últimas palabras.
También en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, la atención estará puesta desde esta semana en la Cámara Federal de Casación y la causa que investiga espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Mauricio Macri.
A fines del 2020 y en uno de sus últimos fallos previos al receso de enero, la sala I de ese Tribunal hizo lugar a un planteo de “pronto despacho” de los abogados del extitular de la AFI imputado Gustavo Arribas.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña resolvieron enviar los incidentes vinculados a la competencia en el caso, a sus colegas de la sala IV, porque entendieron que allí se tomaron decisiones previas en otro planteo conexo del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.
Sin embargo, los camaristas no accedieron a un pedido de Arribas para habilitar la feria judicial de enero, por lo cual ahora la sala IV quedará a cargo de decidir si la pesquisa se queda en Lomas de Zamora o es enviada al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.
El pase al fuero federal porteño ya fue rechazado por el juez del caso, Juan Pablo Augé y por la Cámara Federal de La Plata que ratificaron la competencia en Lomas de Zamora.
Pero Arribas, su coimputada en la causa y su exsegunda en la AFI Silvia Majdalani, entre otros, desconocen su competencia y reclaman el pase a Comodoro Py, por entender que la sede de los organismos investigados está en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta postura fue avalada por la Cámara Federal porteña y por eso el conflicto se resolverá en el superior de ambas Cámaras de Apelación intermedias de igual jerarquía, Casación Penal.
Por otra parte, el juez Augé tiene pendientes de resolución situaciones procesales de Arribas, Majdalani y otros acusados en el caso, a quienes indagó el año pasado, entre ellos Nieto.
También en Casación quedó presentada durante enero, sin que se habilite la feria, la apelación del fiscal Carlos Stornelli y del detenido abogado Marcelo D’Alessio a los procesamientos en su contra en la causa por extorsión y espionaje ilegal que se investiga en Dolores, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla.
Por otro lado, con el final de la feria comenzará el trámite de apelación contra la decisión de revocar el arresto domiciliario concedido al exvicepresidente Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone.
El juez de ejecución de sentencia que quedará a cargo de su caso desde el lunes, Ricardo Basílico, deberá resolver si concede la apelación ante la Cámara Federal de Casación.
La condena a Boudou fue ratificada en Casación y la Corte rechazó un recurso de queja con el artículo 280, al tiempo que su defensa anunció que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que no se respetaron las garantías al debido proceso.
El anterior juez de ejecución Daniel Obligado revocó el beneficio del arresto domicilio que él mismo le había otorgado y ordenó que Boudou regrese a cárcel común el 30 de diciembre por la noche, a horas del inicio de la feria judicial de enero.
Este magistrado no habilitó la feria para tratar el recurso contra su decisión, por lo cual todo quedó pendiente para febrero.
Si la apelación es concedida, la última palabra la tendrá el máximo tribunal penal federal del país.
Si se rechaza, la defensa tendrá que ir en queja directa a ese Tribunal. Mientras tanto Boudou permanece bajo arresto domiciliario.
Otro tribunal con sede en el edificio del barrio porteño de Retiro, el 8, tiene que decidir si realiza una audiencia preliminar en el juicio que prepara por la firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA, tras suspenderla a pedido de algunas defensas en diciembre.
Esta decisión en la causa en la que también fue enviada a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a exfuncionarios de su gobierno y otros acusados se tomó a la espera de concretar la declaración como testigos del exdirectivo de Interpol Ronald Noble y el exresponsable legal del organismo internacional, Joel Sollier.
Noble asegura que la firma del Memorandum no influyó en las alertas rojas de captura internacional abiertas contra ciudadanos iraníes por el atentado, a pedido de la Justicia argentina, en contradicción a la postura del fallecido fiscal Alberto Nisman al presentar esta denuncia.
En cuanto a la causa judicial por la muerte de Nisman, a seis años del hecho, el fiscal Eduardo Taiano avanzaría en febrero con citaciones como testigos a exagentes de la AFI que se comunicaron entre ellos el fin de semana en que el extitular de la Unidad Fiscal AMIA apareció muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.
En cuando a la pesquisa por una cuenta bancaria que el fallecido fiscal tenía en Estados Unidos, la Cámara Federal porteña deberá pronunciarse sobre apelaciones a embargos que ordenó el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, contra los imputados: la madre y hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, el técnico informático Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón.
Por último, el lunes 8 de febrero se reanudará por videoconferencia el juicio oral en la causa por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en la que prestó declaración indagatoria la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y donde las defensas pusieron el foco sobre el informe de la auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la gestión del ex interventor designado en ese organismo por Mauricio Macri, Javier Iguacel.
El Tribunal Oral Federal 2 seguirá con la citación a testigos, con audiencias lunes y martes, que por ahora se harán de manera semipresencial a través de la plataforma Zoom.
