En el marco de la audiencia pública para determinar el costo del gas en las boletas, diferentes voces expresaron su parecer al respecto.
Las asociaciones de defensa al consumidor, que venían coqueteando con el Gobierno de Alberto Fernández en materia de tarifas, salieron a criticar la disposición de la secretaría de energía. Las asociaciones Cepps, Deuco, otra encabezada por María José Lubertino y el legislador mendocino José Luis Ramón, entre otros, cuestionaron lo dispuesto por el área que tiene al frente a Darío Martínez.
La diputada radical por Mendoza, Jimena Latorre, participó del encuentro virtual convocado por la Secretaría de Energía.
En su exposición Latorre remarcó: “No venimos a discutir tarifas, venimos a analizar los precios del gas en el PIST y la porción que el Estado tomará a su cargo y que sin dudas tendrá impacto en las tarifas, pero también impactará sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación y los cumplimientos o incumplimientos de las metas fiscales comprometidas”.
“Se parte de una situación de anomalía legal e institucional, tan anómala también como la intervención de los Entes Reguladores” expresó la diputada y explicó que esta situación empezó en 2004 con el decreto 181 que fijó un ‘esquema de normalización’ del precio del gas, hasta que se ‘reencauzara’ la actividad y se llegara nuevamente a los precios que debían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda y se facultó a la Secretaría de Energía a ‘acordar’ con los productores el ajuste del precio desoyendo así la reglamentación que sostiene que la producción y comercialización del gas es una actividad desregulada.
“Hace 18 años que vivimos en esta excepcionalidad, paralegal, en la que el Estado interviene con fondos del Tesoro Nacional para controlar precios en lugar de generar las condiciones macro económicas que permitan que el control de los precios llegue de la mano de mayores y mejores inversiones” expresó Latorre en su intervención.
“Los pocos programas que este gobierno plantea no se encaminan a lograr una competencia de precios, sino y muy por el contrario, concentran aún más la producción en algunos pocos actores favorecidos con beneficios y fomentos que se sostienen con el esfuerzo fiscal”, dijo la sanrafaelina.
Y siguió: “Sin dudas este no es el camino de retorno hacia una puja competitiva. Para que ello ocurra se necesita estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, dos conceptos a contramano de las decisiones de este gobierno, y un programa económico consecuente con una planificación coherente y a largo plazo, y no medidas aisladas, descoordinadas e insostenibles como las que lamentablemente muestran”.
La diputada también destacó la falta de elementos esenciales para determinar con cuanto va a intervenir el Tesoro Nacional. Hoy vence la prórroga, de la prórroga, de la prórroga del plazo para renegociar la 6° adenda del contrato de importación de gas de Bolivia suscripto entre IEASA y YPFB. “Es prioritario tener certezas sobre esas entregas y en su caso sus sustituciones, para recién entonces poder hablar de los precios de esa oferta y luego cuál será la porción que el esfuerzo fiscal absorberá a fuerza de subsidios”.
Otro interrogante que expuso Latorre fue respecto los fondos dado que: “no sabemos con certeza como va a estar compuesta la oferta, se plantea también con serias dificultades cualquier previsibilidad acerca del Costo Fiscal que insumirá absorber una porción de esos precios”.
“El precio actual del gas en la tarifa ponderado es de $6.16 m3; ello implica que hoy esa porción a cargo del Tesoro Nacional es del 71%. De continuar en ese sendero, se necesitan $81.000 MM adicionales a los proyectados en el presupuesto rechazado de 2022. El 2021 cerró con subsidios energéticos cercanos a los 11.000 MM USD. En este escenario los subsidios para 2022 se elevarían por encima de los 15.000 MM USD”, sostuvo.
“Para respetar lo proyectado en 2022, la actualización del precio del gas deberá ser de al menos un 91% para cubrir un 44% en lugar del 71%, el precio del gas deberá ser de $11,77 el m3. Ello implica un aumento trasladado a tarifa final de al menos un 65% y no un 20% como afirma el kirchnerismo”, agregó.
Sobre el cierre, Latorre subrayó: “Llaman a una Audiencia pública, pero sin hacer públicos los datos sobre el desequilibrio de la balanza energética, sus implicancias, ni posibles soluciones”.
“Con las estimaciones del informe se requerirán al menos $81.000 MM más que lo presupuestado para 2022. De lo contrario deberán sincerar aumentos del 65% en la tarifa de gas; o sincerarle al FMI que no cumplirán con las metas de reducción del déficit fiscal”, agregó.
“Sería de una gran honestidad intelectual de los funcionarios a cargo, que llamen a la ciudadanía a participar de la toma de decisiones con base en la verdad que arrojan los datos objetivos, en lugar de continuar con un relato que a esta altura resulta a todas luces insostenible”, concluyó.
