Viña del Mar (Chile), 4 may (EFE).
“Una llegó acá por una razón, aquí hay más de 900 familias y cada una de ellas tiene una historia ¿o usted cree que vinimos aquí por gusto?”, dice Verónica Villegas, de 58 años, dirigente de unos de los campamentos más grandes de Chile, asentamientos informales que pasaron de albergar a 47.050 familias en 2019 a 81.643 en la actualidad, proceso agravado por la pandemia.
El incremento es de un 74%, según el Catastro Nacional del pasado mes de marzo, cifra que contrasta con el aumento, también de un 74%, que experimentó la riqueza de las ocho fortunas más grandes de Chile, acumulando más de 40.300 millones de dólares, dato que ilustra cómo se estira el elástico de la desigualdad en tiempos de pandemia.
Verónica halla estas diferencias “escandalosas“, a lo menos, y ha sido testigo directa de cómo al Campamento Felipe Camiroaga -nombrado así en homenaje a un querido animador de televisión fallecido en un accidente aéreo en 2011- cada día llegan más personas en busca de futuro, ampliando una vivienda o levantando otra entre las quebradas de Viña del Mar, a 122 kilómetros de la capital.
La economía chilena ha sido duramente golpeada por la crisis sanitaria: según cifras del Banco Mundial, 2,3 millones de personas pasaron de la clase media a condiciones de pobreza, y Verónica, que se encuentra sin empleo desde hace más de un año, dice no haber recibido ayudas fiscales: “Es que no califico”, explica, refiriéndose a los requisitos establecidos por el Gobierno para acceder a los bonos.
SIN SERVICIOS BÁSICOS
Los campamentos, conocidos en otros países como “villas miseria”, “ciudades perdidas” o “favelas”, se ubican generalmente en zonas apartadas: junto a basurales, líneas de ferrocarril, autopistas o desfiladeros; además, sufren la falta de al menos uno de los tres servicios básicos: alcantarillado formal, luz eléctrica y/o agua potable.
Ellos, asegura Sebastián Bowen, director ejecutivo de la Fundación Techo y Fundación Vivienda -entidad que elaboró el catastro-, son la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, siendo “el acceso a la vivienda la enfermedad más dolorosa, sigilosa y dramática que tenemos en Chile”.
UNA “FIEBRE” QUE AUMENTA
De 2011 en adelante, cuando la cantidad de campamentos registraba 20 años de descenso sostenido, algo cambió, y cada año cerca de tres mil familias pasaban a habitar estos asentamientos.
Pero después de 2019, luego del estallido social que sacudió gravemente al país y la llegada del covid-19, las cifras se dispararon: los campamentos aumentaron en un 20,8% y creció el número de familias viviendo en ellos, con más de 57.000 niños menores de 14 años entre sus miembros.
Bowen comenta a Efe un factor común que se encuentra analizando los datos: “Tres de cada cuatro familias que llegan a vivir en campamentos antes vivían otro tipo de exclusión habitacional, ya sea como allegados, hacinados o con arriendo informal, entre otras formas”.
Además, agrega, “el 30% de las familias declara que su razón para llegar allí es un aumento en el precio del arriendo, que no podían pagar”, situación “muy relacionada con el aumento en el precio del suelo en Chile que se ha duplicado en 15 años”.
“Hay un vínculo entre la población en campamentos y la población que vive en condiciones de exclusión habitacional en la ciudad. El campamento nos está mostrando un síntoma, es una fiebre y desde 2011 la fiebre está aumentando”, señala Bowen.
LA ENFERMEDAD SILENCIOSA
“Chile está mal”, dice a Efe María Tapia, de 58 años, dirigente del Campamento Manuel Bustos, el más grande del país, que albergaba hasta 2019 a más de 1.280 familias en Viña del Mar, que junto con Valparaíso son las comunas con mayor concentración de asentamientos informales.
“Nosotros somos invisibles, no se mira a los cerros de esta ciudad, y en todos lados el déficit habitacional es terrible”, afirma María.
Bowen coincide. Los campamentos, asegura, “son la punta de ese gran iceberg que se refleja en el déficit habitacional que hoy afecta aproximadamente a 600 mil familias”, es decir, al 10 % de los hogares de la población chilena.
Y es que en Chile “el precio del suelo explotó”, señala Bowen, agregando que “los factores estructurales de este problema no se han abordado, por el contrario, se han agudizado”.
“Eso genera aún mayor segregación territorial de esa población que no tiene el poder adquisitivo para ingresar al suelo o la vivienda mediante el mercado”, sentencia.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, señaló a la prensa local que se está trabajando en la creación de un banco de suelos, “todo el suelo público que no está siendo utilizado y que tiene aptitud para vivienda”.
A fines de 2020, Chile se situaba como el tercer país con mayor pérdida de empleos en el mundo, solo tras Perú y Costa Rica.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, al primer semestre de este año la tasa de desempleo en Chile se ubicó en el 10,3%, mientras la segunda ola de la pandemia suma a diario más de 4.800 casos y la cifra de fallecidos asciende a más de 26.600.
