El presidente Javier Milei presentó, mediante una cadena nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) donde enumeró 30 medidas de la desregulación de la economía. En total, está compuesto por 366 artículos que derogan múltiples leyes y normativas en distintos sectores. Esto impacta en las economías regionales.
En lo que refiere a Mendoza, existen tres que afectan directamente a la industria madre de nuestra provincia, la vitivinicultura. El primer mandatario al referirse a este punto lo definió como la “liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”.
Esas tres leyes tienen como denominador común que nacieron durante gobiernos de facto. En febrero de 1970 fue sancionada la primera ley que regula los contratos de elaboración de vino, definiendo las normas que regirán los contratos por los sistemas ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’.
Luego, la Ley 18.905 de política nacional vitivinícola (reglamentación) se sancionó el 31 de diciembre de 1970. Y, la última, la Ley 22.667 de reconversión vitivinícola, sancionada el 29 de octubre de 1982.
En el DNU del Gobierno Nacional, se derogan algunas leyes impuestas al sector vitivinícola justificando la decisión en base a que “varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos”.
Respuesta de Coviar
El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Carlos Fiochetta, aseguró que “a golpe de ojo” no debería tener un impacto importante en el sector, ya que se tratan de leyes antiguas, y que se pueden suplir por normas provinciales.
“La más utilizada es la de elaboración de vinos, que establecía la relación entre los viñateros y los bodegueros. Muchas veces se paga la uva con vino elaborado, y esta ley establecía el formato de los contratos y demás. No establecía nada sobre montos. De ahora en adelante, seguramente se negociará con ley de contratos generales, en la que se pondrán de acuerdo entre privados”, explicó Fiochetta.
En tanto, con respecto a las leyes 18.905 y 22.667, son leyes que no se aplicaron, salvo de manera parcial en algunos casos, debido a que nunca se fondearon por parte del estado. “Estas leyes estaban, pero no tenían injerencia en la práctica. Por ahora, no habría grandes cambios en el sector“, refirió luego de la presentación del DNU por el presidente Milei.
