Las pequeñas y medianas empresas volvieron a encender las alarmas por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y reclamaron modificaciones sustanciales al texto que se debate en el Congreso. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que algunos artículos generan incertidumbre jurídica y afectan directamente a las asociaciones empresarias. En ese marco, hablaron de una supuesta “animosidad con el sector empresarial” y enviaron un documento con observaciones a la Cámara Alta.
El presidente de CAME, Ricardo Diab, encabezó el planteo junto a representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Las entidades acercaron sus objeciones técnicas al Senado y mantuvieron reuniones con los equipos de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Según explicó Diab, trabajan en una alternativa que mantenga la esencia de la iniciativa, pero con ajustes: “rearmado de la redacción de los artículos cuestionados, sin que el proyecto pierda el espíritu”. Y agregó: “Nos basamos en cinco puntos, acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal».
Entre las principales preocupaciones, el dirigente remarcó las dificultades prácticas en la aplicación de indemnizaciones. “Si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas, esa es una de nuestras principales preocupaciones”, señaló en declaraciones radiales. Para las pymes, la falta de previsibilidad al momento de finalizar vínculos laborales complica la contratación y desalienta nuevas incorporaciones.
Además, CAME cuestionó artículos específicos del proyecto. Diab criticó el 128, que prohíbe los aportes obligatorios para cámaras empresarias, pero mantiene los sindicales: “Hablo de animosidad con el sector empresarial, dice se prohíbe los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, hay una puntuación especifica hacia un sector que trabaja por la representación del sector». También objetó el artículo 126, que obliga a renegociar convenios colectivos al vencer, y el 132, que permite al Estado suspender acuerdos por razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”, al considerar que podría generar interferencias y conflictos aun cuando empleadores y trabajadores ya hayan pactado condiciones.
Sin embargo, no todo el universo pyme comparte la misma postura. La Cámara de la Pyme Metalúrgica (Camima) expresó su respaldo al proyecto oficial y defendió la eliminación de aportes obligatorios. Su secretario, José Luis Ammaturo, ratificó “su apoyo total e irrestricto al proyecto de Ley de Modernización Laboral” y afirmó que “una reforma laboral moderna permitirá que el sistema judicial se concentre en los casos que realmente requieren tutela, en lugar de sostener un esquema que incentiva la litigiosidad oportunista, destruye empleo y paraliza la inversión”. Con posiciones divididas, el debate por la reforma laboral suma tensión mientras el Senado se prepara para tratar una norma que impactará de lleno en el empleo, la negociación colectiva y el futuro de las pymes en la Argentina.
