La designación de la ex directora de Promoción y Protección de Derechos de la DINAF, Daniela Torres, ha generado un gran revuelo.
Resulta que a Torres, ex funcionaria y ex presidenta de la Juventud Radical, tras la audiencia pública en el Senado, los números no le dieron: obtuvo 6 votos en contra y 5 a favor.
Igualmente, en medio de fuertes cuestionamientos, el proceso avanzó y prosperó el nombramiento propuesto por el Gobierno de Mendoza.
Esta situación hizo estallar por los aires al Partido Demócrata, y a la diputada Mercedes Llano, y señalaron que dicha iniciativa “evidencia la descarada cooptación política de la justicia por parte del Ejecutivo. Desde el bloque del PD (Partido Demócrata) presentamos dos proyectos para evitar la politización de la justicia”.
Explicaron por un lado, propusieron “establecer un plazo de carencia política para el ejercicio de la magistratura, lo cual implica que ningún juez podrá ser designado si dentro de los diez (10) años anteriores al nombramiento hubieran ocupado cargos electivos, de confianza política o de carrera, no mediados por concurso, o hubieran sido contratados, en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial”.
“Y, por otro lado, se impulsó una iniciativa para que los jueces sean designados mediante voto público y con el respaldo de dos tercios de los miembros del Senado”, agregaron los voceros, que se quejaron porque “ninguno de los dos proyectos fue tratado”.
Consideraron que de haber sido aprobadaos, “la candidatura de Daniela Torres, en su condición de funcionaria y militante, habría sido inadmisible y, otros postulantes independientes, con probada trayectoria profesional-académica, podrían ocupar ese lugar”.
“Ante la deliberada inexistencia de barreras legales para frenar la partidización de la justicia y resguardar la república, apelamos a límites éticos que impulsen a los legisladores oficialistas y sus aliados a no avalar la falta de independencia de la postulante ante tamaña afinidad con el radicalismo”, concluyeron.
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