Cristina Kirchner está decidida a avanzar hasta las últimas consecuencias. No le importa nada de nada.
Sus objetivos se dividen en dos: por un lado, zafar de sus problemas judiciales; por el otro, vengarse de aquellos que le han aconsejado a Alberto Fernández que rompa con ella.
Para lo primero, ha decidido impulsar una “amnistía” que le permita hacer “borrón y cuenta nueva” respecto de sus penurias penales.
Los detalles de esa movida los ha contado MTN con pelos y señales en octubre pasado, dato que luego fue “levantado” por otros colegas, incluso de diario La Nación.
Para lograr ese beneficio, segundas líneas del macrismo y el kirchnerismo se encuentran bajo arduas negociaciones que caminan más lento que lo que desearía Cristina.
La prenda de cambio a la hora de convencer a la oposición es casi obvia: la chance de que Mauricio Macri también zafe de sus propias causas judiciales.
Pero no es algo que convenza a todos los referentes de Juntos por el Cambio, solo a algunos pocos. Básicamente porque el expresidente no cuenta con la simpatía de todos aquellos que militan en la oposición. Alfredo Cornejo es uno de los que resisten la movida con uñas y dientes.
Es todo un problema para Cristina, que no cuenta con la mayoría necesaria para que avance su pretendida amnistía en el Congreso Nacional. En realidad, sí tiene los números en el Senado, pero carece de los mismos en Diputados.
Por eso, la vicepresidenta tiene un “Plan B”: ganar las elecciones legislativas para llegar a contar con la cantidad de legisladores que precisa en la cámara baja.
Ello explica que Cristina desistiera de avanzar en los incrementos de la medicina prepaga y que acotara al 9% el ajuste tarifario que el ministro de Economía había previsto en un 40%, a efectos de agradar al FMI. Todo por ganar los comicios de este año.
La venganza contra los sindicalistas albertistas
La propia Cristina Kirchner lo anunció en La Plata: habló sobre la necesidad de remodelar todo el sistema de Salud.
Inmediatamente, los dueños de las firmas de medicina prepaga pusieron el grito en el cielo, acusando la inminente estatización de sus empresas por parte del gobierno.
Nada más alejado de la realidad: lo que busca el gobierno —Cristina, en realidad— es vengarse de los gremialistas que en su momento le sugirieron a Alberto Fernández que debía “romper” con la vicepresidenta.
Se trata de un grupo de sindicalistas que le ofrecieron al presidente fondos frescos para armar los esbozos del “albertismo” que nunca llegó a ser.
Ese dinero surge de las obras sociales, una fuente inagotable de recursos que termina en los bolsillos de los titulares de los distintos sindicatos. Por eso, Cristina piensa golpearlos allí, donde más les duele.
Quien trabaja a destajo para lograr avanzar en los planes de la vicepresidenta es Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense y presidente de la Fundación para la Soberanía Sanitaria.
A su vez, se deja ver la figura de Luciano Di Cesare, otrora director ejecutivo del PAMI y denunciado en la justicia por diversos desaguisados.
Fue quien le propuso oportunamente a Néstor Kirchner utilizar ese organismo como base para una mega instituto que centralice todas las prestaciones.
El trabajo de uno y otro avanza rápidamente y ya hay un esbozo del mismo. Un “borrador de trabajo” titulado “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024” que refiere a la necesidad de una “reestructuración integral del sistema sanitario”.
Allí se habla de “soberanía sanitaria” y se analiza la chance de “contar con una nueva Constitución que incorpore a la salud como derecho humano”.
Luego, aparece un punto que es el terror de los gremialistas: la posibilidad de “instaurar una nueva modalidad para la libre elección entre Obras Sociales que impida el desfinanciamiento de aquéllas y mejores prestaciones de salud para los afiliados”.
Quien haría el trabajo sucio sería una vieja conocida de Cristina… y de los sindicalistas: Liliana Beatriz Korenfeld, ex superintendenta de Servicios de Salud de la Nación.
Se trata de la misma que hace una década trabó el traspaso de millonada de dinero a las obras sociales sindicales. Parte del millonario Fondo de Redistribución Solidaria, que les corresponde a los gremialistas.
En Santa Cruz la recuerdan como la que “quebró” la Caja de Servicios Sociales en tiempos en los que Néstor Kirchner era gobernador. Luego de su gestión, el déficit de ese organismo jamás pudo revertirse.
En ese contexto, la CGT teme por el regreso de Korenfeld como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud. Por eso, han impulsado una reunión de urgencia en la sede de la calle Azopardo, donde planificarán las acciones a seguir.
Es la guerra que viene, solo superada por aquella que arranca este lunes: la pelea entre el gobierno y el campo, luego de que el oficialismo decidiera poner un cepo a las exportaciones de maíz.
Al oficialismo le preocupa, mucho más de lo que manifiesta públicamente. Porque es la remake de la catástrofe que se desató en el año 2008 luego de impulsar la célebre resolución 125.
Aquellas esquirlas dañaron por demás al entonces gobierno de Cristina. Por eso el temor que hoy redunda en su ser.
Aún no está dicha la última palabra al respecto, pero el campo ya confirmó este sábado que no habrá marcha atrás en su idea de no comercializar granos durante 72 horas. Igualito a lo ocurrido en 2008. Empezó con un cese de comercialización y luego derivó en cortes de ruta y demás acciones virulentas.
El final ya es conocido por todos. ¿Ocurrirá lo mismo ahora?
