El Comité Nacional del Radicalismo, a través de la Fundación Alem, redactó nuevamente un documento con críticas hacia el oficialismo sobre la base del manejo de la pandemia del Coronavirus.
En el mismo, se hace hincapié en la necesidad de tener “planes claros” fara finalizar con lo que insistieron en lo que denominó “una cuarentena eterna”.
El paper, que lleva el titulo “Un camino a la normalidad” asegura que el plan utilizado por el Gobierno “no dio buenos resultados”. Asimismo indica que “el costo es altísimo”, en obvia alusión, no sólo a lo sanitario, sino también a lo económico, y otras materias que dependen de las estrategias estatales.
En el texto, cuyo nombre completo es “Un camino a la normalidad: responsabilidad ciudadana, aulas abiertas, instituciones activas”, el radicalismo esboza cinco propuestas. A saber:
-Derogar todas las normas que establecen un Estado de excepción y normalizar la actividad del Congreso y la Justicia.
-Definir planes claros para la normalización de las actividades. Vuelta a las aulas, soluciones para el transporte público.
-Recuperar la credibilidad de la política sanitaria.
-Definir y comunicar los escenarios posibles de evolución de la pandemia y las estrategias frente a cada escenario.
-Modificar el esquema de asesoramiento experto.
Luego de la enumeración de lo que desde la fundación consideraron fracasos del Gobierno a la hora de luchar contra la pandemia del coronavirus, el paper asegura que “este documento también obedece a una preocupación por la situación actual y por el futuro cercano del país”.
“Las últimas comunicaciones gubernamentales sobre las nuevas estrategias sanitarias muestran que el Gobierno nacional oscila entre el abandono, el desconcierto y la resignación. Otras señales -como las evidencias de problemas serios de registro de muertes y de contagios, los sesgos en el registro de los test, la toma de distancia del comité de expertos que asesora al gobierno o la confusa e incierta política en relación a las vacunas- sugieren una falta de gestión profesional en las autoridades responsables de la política sanitaria” continúa.
Respecto de las diferenciadas etapas que se sostienen en distinto puntos de país, con estapas de cuarentena más estrictas y otras con distanciamiento social preventivo y obligatorio, el documento menciona que “está marcada por dos evidencias: Argentina se ubica entre los peores lugares del mundo en materia de resultados sanitarios y económicos durante la pandemia, habiendo sido uno de los países con medidas más restrictivas”.
“Frente a ellas, el Gobierno no atina a ofrecer una interpretación articulada de lo que está pasando ni formula un escenario plausible para los próximos meses. Para agravar la situación, tanto la admisión por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de un subregistro significativo del número de fallecimientos, como el cuestionamiento de Our World in Data sobre la calidad de los datos de registro de tests revelan que las bases de información con las que se ha manejado y se maneja el gobierno son inadecuadas” añade.
En ese sentido, agrega que “la estrategia, entonces, parece ser esperar a que llegue la vacuna lo antes posible, manteniendo restricciones importantes y esperando que el ciclo de los contagios vaya disminuyendo por efecto del crecimiento de la proporción de inmunizados”.
“En este contexto, el Gobierno realizó algunos anuncios desconcertantes y precipitados. En los primeros días de noviembre, anunció la adquisición de una muy importante cantidad de vacunas -específicamente 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia-. Ante la evidencia de la zozobra de su estrategia sanitaria, el Gobierno decidió huir hacia adelante” resalta el texto.
“La cuarentena estricta y generalizada tenía y tiene límites. El aislamiento obligatorio es un instrumento, no un fin. Y es un recurso finito que se agota rápido, más en un país con enormes bolsones de pobreza, inequidad y trabajo informal como el nuestro, si no se acompaña de estrategias activas para controlar y mitigar la epidemia” insisten desde la Fundación Alem.
Señala incluso que “la demora de una estrategia de salida incrementó el malestar y el deterioro de las personas, las familias y las empresas. Hay que apoyarse, apelar y confiar en la responsabilidad ciudadana de mantener el distanciamiento social voluntario con hábitos compatibles con el funcionamiento de las actividades productivas y sociales. Es preciso seguir las prácticas de higiene personal, utilizar barbijos, distanciamiento físico prudente, ventilación de lugares cerrados y evitar las grandes concentraciones”.
Finalizando el documento de 14 páginas, explica el porqué de las cinco recomendaciones que la fundación presidida por Alfredo Cornejo le hace al Gobierno.
“Desde nuestra perspectiva, en la coyuntura actual el problema principal es tratar de ofrecer un horizonte de previsibilidad para los próximos meses. Sabemos que hay incertidumbres derivadas de la pandemia; no hay que agregar incertidumbres originadas en una inadecuada gestión sanitaria. Para ello sugerimos cinco orientaciones” indica para enumerarlas y argumentarlas.
Textualmente se lee:
Derogar todas las normas que establecen un Estado de excepción y normalizar la actividad del Congreso y de la Justicia
Como señalamos reiteradamente, en la gestión de la pandemia el gobierno nacional se ha extralimitado en sus atribuciones, concentrando poder y actuando con discrecionalidad, más allá de la razonabilidad derivada de la atención de la pandemia. Algunos gobiernos provinciales o locales también se han excedido, tomado decisiones -cierre de fronteras o toques de queda- sin base legal ni justificación en la excepcionalidad de las circunstancias.
La coalición gubernamental “Frente de Todos” tomó la decisión política de congelar el funcionamiento del Congreso, sin justificación suficiente en la pandemia, y el gobierno nacional no consideró que la administración de justicia sea una actividad esencial.
La acción decidida de la oposición consiguió mejoras parciales en el funcionamiento parlamentario, mientras que la Justicia sigue suspendida. El avance gubernamental sobre las libertades abrió la puerta a una mayor discrecionalidad de algunos gobiernos provinciales y de sus fuerzas de seguridad, con un saldo creciente de violaciones a los derechos humanos.
Esta situación anómala tiene que terminar a la brevedad. La pandemia es un problema sanitario muy importante, con múltiples consecuencias. En ningún caso puede constituir un subterfugio para gobernar por fuera de la Constitución. Por lo tanto, consideramos que la normalización institucional es una condición necesaria para la próxima etapa.
Definir planes claros para la normalización de actividades
Sobre la base de los escenarios tenemos que contar con planes claros y bien definidos para los próximos meses. No se trata de escribir y aplicar protocolos para cada actividad. Los protocolos no son planes, sino que son instrumentos para guiar, sistematizar y armonizar las decisiones y las acciones. Necesitamos claridad en las definiciones: no podemos seguir con los vaivenes de las autoridades educativas nacionales sobre la vuelta a la escuela ni de las autoridades económicas sobre la continuidad de las medidas de apoyo a la producción y al trabajo. Hay que decidir con fundamento, y explicar esas decisiones a la opinión pública. No le pedimos al gobierno que acierte siempre; nos conformamos con que no nos confunda.
Recuperar la credibilidad de la política sanitaria
Los errores en la política sanitaria no son nuevos. Pero, a diferencia de hace unos meses, hoy se advierten con más claridad. Hace unos pocos meses, el gobierno inflaba el pecho y proclamaba los antagonismos “vida o economía” y “cuarentena o muerte”. El crecimiento de los contagios y el derrumbe económico lo desmintieron dolorosamente. Eran salud y economía. No salud o economía.
Frente a la evidencia del fracaso de su estrategia, el gobierno procura eludir el tema del COVID 19, bajar la intensidad de la política del miedo, esperar que la situación sanitaria no se desmadre y apostar a la llegada de una vacuna en el plazo más corto posible. En otras palabras, trata de correr a la política sanitaria desde el centro hacia los márgenes de la atención pública. En cierto modo, es una admisión realista del fracaso y una apuesta a que un factor externo -la vacuna- nos saque de la encrucijada. De allí el apuro por el anuncio de la vacuna Sputnik V.
Este abordaje es a todas luces insuficiente. Más allá de la vacuna -que esperamos que funcione y que llegue lo antes posible- hay mucho por hacer en materia sanitaria. Decimos que hay que aprender a convivir con el virus, ¿cómo hay que hacerlo? Sabemos que hay que proteger a los más vulnerables, ¿qué medidas hay que adoptar? Sostenemos que es imprescindible que los estudiantes vuelvan a clases a la brevedad, ¿qué decisiones hay que tomar? Importantes sectores económicos -turismo, cultura, gastronomía- están languideciendo, ¿cómo les ofrecemos un horizonte claro de recuperación de sus actividades? Podemos prever que los contagios van a continuar en los próximos meses, ¿cuál es la estimación sobre la que trabaja el Ministerio de Salud? ¿cómo piensan abordar una eventual segunda ola?
No se trata solamente de aprobar protocolos -que pueden hacer falta-: se trata de proporcionar una hoja de ruta para los próximos meses, que nos dé certidumbres – provisionales, pero certidumbres al fin- para normalizar nuestra vida cotidiana.
Definir y comunicar los escenarios posibles de evolución de la pandemia y las estrategias
Frente a cada escenario Para establecer esa hoja de ruta es útil definir algunos escenarios posibles de evolución de la pandemia, explicarlos y comunicarlos de manera clara. Es obvio que la situación esperable difiere según la evolución de la pandemia en los próximos meses -¿se mantiene la caída de casos y fallecimientos en el AMBA? ¿Cuándo comienzan a bajar los casos en el interior? ¿Vamos a asistir a una nueva ola de contagios y, si así fuera, de magnitud comparable a la primera? -.
Es evidente que si hay una vacuna de efectividad probada en diciembre, como dijo el Ministro de salud (y a lo que apuesta el gobierno con el ejemplo de la vacuna Sputnik), es muy distinto que si tenemos que esperar algunos meses más, como parecería más probable. Si, como sugiere el presupuesto 2021, el país va a adquirir 11 millones de vacunas -o si, como sugieren los anuncios recientes, en realidad se van a adquirir 25 millones-, el gobierno debería responder varias preguntas: ¿cuáles son los plazos previstos?, ¿Cómo se va a asegurar el control de calidad de las vacunas?, ¿qué vacunas se van a adquirir?, ¿Por qué razón?, ¿a qué precio? ¿Cuáles van a ser los criterios de priorización para la vacunación?
Modificar el esquema de asesoramiento experto
El 27 de octubre, el presidente dijo que las escuelas “en Europa habían tenido que volver a cerrar” y agregó que los niños “son vectores de contagio”. Ambas afirmaciones son falsas.
¿Por qué Fernández las dice? O porque no le importa el asunto o porque no sabe que son falsas. Asumamos la segunda opción, que revela el enorme déficit en el asesoramiento experto del gobierno. No se trata solamente de las limitaciones ostensibles de un comité de expertos sesgado en su composición, sin una designación ni un mandato claro, con una composición fluctuante y con algunos de sus miembros con conflictos de interés. El principal asesoramiento experto del Presidente es el del Ministerio de Salud, que tiene que tener actualizado al primer mandatario sobre las mejores evidencias disponibles. Tiene que decirle con claridad qué es lo que se puede decir con razonable certeza, qué es lo que no tiene suficiente evidencia de respaldo y qué es lo que es erróneo y, por lo tanto, no hay que decir.
A lo largo de los meses de cuarentena hemos asistido a presentaciones de las autoridades políticas y sanitarias, a conferencias de prensa, reportajes, declaraciones y comunicados. No observamos que los errores de los primeros días -que podían ser comprensibles en ese momento- se hayan corregido. Una de las principales consecuencias de un inadecuado esquema de asesoramiento experto es la imposibilidad por parte del gobierno de proporcionar una interpretación razonablemente articulada y respetuosa de las evidencias sobre la situación sanitaria. Las preguntas elementales sobre qué está pasando, por qué, o qué tendencias podemos anticipar, no han tenido respuestas satisfactorias desde las autoridades sanitarias nacionales en ningún momento de los últimos meses. Los esfuerzos de integración de información estadística, de verificación de la calidad de los datos que apoyan esa información, de utilización de fuentes alternativas para estimar el cumplimiento del ASPO o de mantener una discusión franca y actualizada sobre los avances y controversias científicas y de políticas públicas, han pasado muy lejos de los organismos sanitarios oficiales.
Si queremos avanzar con una hoja de ruta y una política sanitaria adecuada, urge modificar el esquema de asesoramiento experto. Hay muchas evidencias de cómo hacerlo. Necesitamos mayor apertura intelectual y disciplinaria, no solamente de los expertos sino sobre todo del gobierno.
