Los senadores nacionales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, ambos representantes de Mendoza, presentaron un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca extender los plazos de prescripción para demandas civiles de indemnización de daños por delitos sexuales.
La propuesta plantea una modificación en el artículo 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación, permitiendo que las víctimas de violencia sexual cuenten con un plazo de diez años para realizar sus reclamos.
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Actualmente, las acciones civiles de este tipo prescriben a los tres años, un tiempo que los legisladores consideran insuficiente para que las víctimas puedan organizar sus demandas en casos de delitos de índole sexual, especialmente considerando el impacto psicológico y emocional que estos delitos suelen generar.
La iniciativa también establece que en los casos en los que las víctimas sean menores de edad, personas con capacidad restringida o incapaces, el plazo de prescripción comience a computarse desde el momento en que la persona alcanza la mayoría de edad o recobra su plena capacidad legal. Así, se pretende dar a las víctimas la oportunidad de enfrentar el proceso judicial sin estar limitadas por el tiempo prescribible actual.
Suárez, ex gobernador de Mendoza, justificó el proyecto explicando que “la violencia sexual avasalla a las víctimas y deja un saldo espiritual, psicológico y físico profundamente negativo, afectando derechos humanos básicos, como el derecho a una vida libre de violencia, la dignidad, la libertad, y la integridad física y psíquica”. El legislador argumentó que esta realidad demanda una respuesta activa del Estado para garantizar que las víctimas de violencia sexual puedan acceder efectivamente a la justicia y a la reparación de los daños sufridos.
Suárez también señaló que la legislación vigente no contempla adecuadamente las necesidades de las víctimas, regulando de manera desigual casos similares. En este sentido, resaltó que las personas afectadas por estos delitos suelen encontrarse en situación de vulnerabilidad, lo cual el sistema jurídico debe reconocer y atender.
Con este proyecto, los senadores apuntan a una “tutela judicial efectiva” que permita a las víctimas de violencia sexual llevar adelante sus reclamos sin las barreras temporales que, en muchos casos, dificultan o imposibilitan el acceso a la justicia y la reparación.
