Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), entre los que se encuentra Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisando Nieri, repudió la iniciativa del Gobierno nacional de limitar el Acceso a la Información Pública.
Por medio de un proyecto de declaración impulsado en las últimas horas, la UCR le pidió al Ejecutivo que derogue “el decreto 780/2024 por inconstitucional y por lesionar el derecho humano de Acceso a la Información Pública“.
“Rechazamos cualquier recurso que descienda el estándar de libertad de información alcanzado en la Argentina“, expresaron los legisladores radicales.
🏛️Diputados radicales solicitan al PEN que se derogue el Decreto 780/2024 por inconstitucional y por lesionar el derecho humano de Acceso a la Información Pública. “Rechazamos cualquier recurso que descienda el estándar de libertad de información alcanzado en la Argentina”. pic.twitter.com/IqZBVSs7tl
— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) September 4, 2024
“Este decreto desconoce la ley y confunde la naturaleza de la información, lo que constituye una vulneración al derecho de la ciudadanía de acceder a información pública, empeora la calidad de las instituciones e incrementa el secretismo sobre la gestión“, agregaron.
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Desde la Unión Cívica Radical explicaron que el objetivo de la Ley 27.275 “es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado”.
Qué dijo Guillermo Francos sobre el acceso a la información pública
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al presentar recientemente el informe de gestión en la Cámara de Diputados dijo que el Ejecutivo no busca limitar, sino ordenar el acceso a la información pública.
“De ninguna forma la intención del Gobierno es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información“, expresó.
“Claramente no fue la intención del Gobierno el limitar el acceso a la información y para eso se hicieron consultas a distintos actores, como la Procuración del Tesoro, y no nos pareció que hubiera ninguna violación al derecho constitucional“, añadió Francos, luego de que legisladores de diferentes espacios, organizaciones no gubernamentales y colectivos de la prensa hayan cuestionado el decreto.
