El kirchnerismo lo hizo de nuevo. Dio un nuevo paso en pos de dominar la Justicia vernácula.
El último tramo lo dio anoche mismo, cuando logró media sanción de la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal. Ahora resta que ocurra lo propio en la Cámara de Diputados.
Cuando ello suceda, el oficialismo tendrá control total sobre uno de los cargos más relevantes del Poder Judicial argentino: el Procurador General de la Nación.
O sea, el jefe de los fiscales. Justo en un momento en el cual se está por “virar” al sistema acusatorio en la Justicia. Significa que serán los fiscales los que impulsarán las investigaciones, no ya los jueces.
Y el jefe de todos ellos será alguien puesto a dedo por el kirchnerismo. Ergo, serán los K los que decidan qué se investiga y qué no.
¿De esto hablaba Alberto Fernández cuando se refería a la necesidad de reformar la justicia? ¿A avanzar en terrenos que solo le convienen a Cristina Kirchner, no a la sociedad?
El Ministerio Público Fiscal fue un logro que surgió de la reforma constitucional de 1994, convirtiendo a ese cuerpo en una suerte de “cuarto poder”, con independencia total.
Con la brillante idea de que se necesitaran dos tercios de los votos de los senadores para elegir al procurador General. Ello obligaba al consenso entre oficialismos y oposiciones. Ahora ello no sucederá: será un cargo político más.
Entre los que permitieron este nuevo desacierto, aparece la figura de una mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien motorizó el proyecto en el Senado junto al “valet” de la vicepresidenta, Oscar Parrilli.
Lo acaecido se suma a todo lo ya consabido: la avanzada sobre la Justicia Federal, la “comisión Beraldi”, el intento de manejar la Corte Suprema y mucho más.
Ciertamente, un escalón más en el camino a Venezuela que busca el gobierno.
*Christian Sanz, director de MTN
