El Gobierno presentó este lunes un pedido de medida cautelar ante la Justicia para embargar los bienes de los manifestantes que provocaron disturbios en los alrededores del Congreso durante las protestas relacionadas con la discusión de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, busca que aquellos individuos que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad asuman los costos del operativo desplegado y de la atención médica posterior a los uniformados heridos.
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Durante los días en el que se desarrolló el debate en el recinto sobre el proyecto enviado por el presidente Javier Milei, diversas organizaciones sociales y de izquierda se manifestaron en oposición a la iniciativa. En este contexto, algunos participantes protagonizaron actos vandálicos, que incluyeron la ruptura de veredas, la quema de contenedores de basura y agresiones al personal de seguridad.
La solicitud de embargo fue canalizada a través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, perteneciente a la cartera dirigida por Bullrich. En ese sentido, la entidad instó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar una medida cautelar contra los responsables de los disturbios.
“De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados”, señala el texto presentado a la Justicia.
