Luego de que la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentara una cautelar para que se suspendan las clases presenciales en Mendoza, la jueza Patricia Fox la rechazó.
Uno de los argumentos más importantes presentados por la titular de Segundo Juzgado de Gestión Asociada, fue que “conforme a las estadísticas acompañadas, no surge acreditado que se encuentre en riesgo la salud, producto de la presencialidad educativa”.
Desde el Poder Judicial explicitaron que al tratarse de una medida precautoria, el falló también abarca al amparo presentado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) cuya finalidad era la misma.
La semana pasada había sido el turno del fiscal de Estado, Fernando Simón, de expedirse al respecto y también había rechazado la petición.
El secretario general de la CTA, Gustavo Correa, había pedido la suspensión de la presencialidad en todos los niveles educativos, pero Fox entendió que “el actor no acredita ningún tipo de daño concreto ni potencial, no prueba la relación de causalidad, no acredita ni define concretamente al colectivo que dice representar”.
“No pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la provincia de Mendoza para establecer en su territorio medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria”, asegura en el fallo.
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