El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) acudió a la Justicia y reclamó que quede sin efecto el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional.
La medida cauteral recayó en el juzgado federal de María Servini, que se declaró incompetente y giró la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal.
En la denuncia de la diputada porteña Celeste Fierro y la abogada apoderada del, Mariana Chiacchio, el MST pidió una “acción declarativa de inconstitucionalidad (…) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” informado por la ministra Patricia Bullrich porque, según indicaron, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
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En tal sentido, la agrupación de izquierda reclamó “una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo”.
En los fundamentos, destacaron que la iniciativa “amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
Además, manifestaron que la aplicación del protocolo antipiquetes derivaría en “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”.
