La investigación judicial por el atentado contra la sede de la AMIA dio un nuevo paso procesal con una serie de dictámenes del fiscal federal Sebastián Basso que apuntaron a destrabar la causa y avanzar hacia el juicio en ausencia contra los sospechosos iraníes. En distintos escritos presentados ante el juzgado federal interviniente, el fiscal pidió formalmente notificar a los imputados prófugos en los términos del artículo 431 quinquies del Código Procesal Penal, solicitó la indagatoria y captura internacional de un alto funcionario del régimen iraní y requirió el procesamiento de los acusados por su presunta participación en la planificación del ataque.
Las presentaciones se inscribieron en el nuevo marco legal que habilitó en Argentina la posibilidad de llevar adelante juicios en ausencia cuando los imputados permanecen prófugos y se sustraen deliberadamente del proceso. En el caso del atentado contra la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertos y cientos de heridos, la investigación judicial identificó desde hace años a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbollah como responsables de la decisión política y de la ejecución del ataque.
Uno de los dictámenes del fiscal solicitó aplicar el procedimiento previsto en el artículo 431 quinquies del Código Procesal Penal para notificar a los imputados que permanecen fuera del país y habilitar el avance del proceso aun sin su presencia física en el expediente. La medida apuntó a abrir el camino para que el caso pueda finalmente llegar a juicio pese a que los sospechosos nunca comparecieron ante la Justicia argentina.
En otro de los escritos, Basso pidió la indagatoria y la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario iraní vinculado al entorno del líder supremo de ese país. Según la acusación fiscal, Hejazi habría formado parte de la estructura estatal que intervino en la planificación del atentado. En ese marco, el fiscal solicitó que se ordene su detención a través de los mecanismos de cooperación internacional y que, en caso de no presentarse, sea declarado rebelde dentro del proceso.
El dictamen también requirió que, una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes, se avance hacia su eventual procesamiento en la causa. La fiscalía sostuvo que su rol dentro del aparato de seguridad del régimen iraní lo ubicó dentro del esquema de decisiones que, según la investigación judicial, derivó en el ataque contra la AMIA.
El tercer documento presentado por el fiscal constituye un extenso pedido de procesamiento en el que se reconstruyó la estructura que, según la acusación, organizó el atentado. En ese escrito se desarrolló la hipótesis sostenida por la Justicia argentina desde hace años: que la decisión de atacar la sede de la mutual judía fue adoptada en los niveles más altos del Estado iraní y que la ejecución operativa estuvo a cargo de la organización Hezbollah.
La fiscalía detalló en ese documento la presunta cadena de responsabilidades, desde la planificación política del ataque hasta su ejecución logística. Según esa reconstrucción, el atentado habría sido el resultado de una operación coordinada entre funcionarios iraníes y la estructura internacional de Hezbollah, que habría aportado los recursos operativos para concretar la explosión.
Con estas presentaciones, la fiscalía buscó consolidar la base procesal necesaria para avanzar hacia una etapa decisiva del expediente. La posibilidad de realizar un juicio en ausencia aparece como la herramienta jurídica que permitiría juzgar a los sospechosos pese a que permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina desde hace décadas.
El atentado contra la AMIA, considerado el mayor ataque terrorista cometido en la historia del país, sigue siendo una de las causas judiciales más complejas y prolongadas de la Argentina. A más de treinta años del ataque, las nuevas medidas impulsadas por la fiscalía apuntaron a evitar que la causa quede paralizada por la ausencia de los imputados y a llevar finalmente el caso a un tribunal.
