El Ministerio Público Fiscal pidió la tarde de este jueves una pena de 18 años de prisión para el ex juez Walter Ricardo Bento (63), quien fue hallado culpable de liderar una banda delictiva que cobraba coimas a cambio de favores procesales en la Justicia federal.
También, la fiscal María Gloria André solicitó una multa equivalente a $752.326.756,04 (suma actualizada al momento de la ejecución) y la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito.
El martes pasado, el Tribunal Oral Federal Nº2, presidido por Gretel Diamante, declaró culpable a Bento por los siguientes 14 delitos: jefe de la asociación ilícita, cohecho pasivo (8 hechos), enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica (2 hechos), ocultamiento e inutilización de prueba. Fue señalado responsable y líder de la organización. Otros delitos funcionales fueron prescriptos y se lo absolvió en tres hechos puntuales.
Para la Fiscalía, la asociación ilícita era liderada por el ex juez federal, cuya finalidad era la venta de favores judiciales. Consideraron agravante que “el centro de la asociación haya sido el Juzgado Federal”.
“Debe tenerse en cuenta el contexto de actuación de la organización, que no fue otro que el aprovechamiento de trámites penales en el Juzgado N°1”, dijo la fiscal André, que también hizo mención al“daño a las instituciones y a la credibilidad del Poder Judicial de la Nación”.
“Creo difícil que podamos revertir el impacto causado en la sociedad con una causa de estas características”, sumó.
“Bento, como juez federal, tenía una función por completo. No se limitó a cumplir su deber, sino que se valió de este lugar para organizar una gravísima estructura delictiva en la cual la única persona indispensable era él”, argumentó. “Estamos en un caso que no es de mínima gravedad. De ninguna manera corresponde imponer el mínimo de la pena”, dijo.
Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), consideró un agravante“su formación” porque “ser juez federal especializado en materia financiera lo coloca en grado de conocimiento experto que ha sido demostrado”. Esta situación lo pone en una situación distinta a cualquiera”.
Velasco expuso una serie de diapositivas referidas a los delitos de cohecho y las operaciones de lavado. El total de enriquecimiento injustificado está estimado en $6.892.686,04 (monto a la fecha de la comisión de los hechos).
