Marta Isabel Boiza, la esposa del juez federal Walter Bento, dio a conocer su declaración de forma escrita.
El magistrado es investigado, tras la acusación que lo ubica como líder de una asociación ilícita, la cual cobraba dinero a cambio de favores judiciales.
Boiza, que también es integrante del Poder Judicial, fue imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Igualmente, mediante su escrito, consideró que más allá de las acusaciones, fue imputada por ser la “esposa de”.
Inclusive, reveló la historia que lo une al juez federal, hoy fuertemente investigado por la Justicia.
“Concurro a la audiencia fijada para el día de la fecha a fin de efectuar mi descargo respecto de la injusta, infundada e indeterminada imputación lanzada por el fiscal (Dante Vega)”. Así arranca el documento publicado por diario El Sol, refiriéndose así al dictamen que efectuó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Precisó que sus palabras fueron presentadas de manera escrita, porque la imputación le parece “absurda, indeterminada y sin fundamentos”.
Sostuvo que afronta un “grave trauma” luego de la trascendencia que tuvo la investigación. Además, consideró “violentas” las medidas llevadas a cabo el 5 de mayo, y señaló que la perjudicaron por ser una “injustificada barbarie”.
Mediante el documento, la mujer aseguró no tener implicancia en el trámite de las causas, en las que según Vega, se habrían cometido irregularidades.
“Mi esposo se ocupará de refutar la imputación que le realizó el fiscal enemigo sobre los actos procesales”, manifestó.
No se mostró a favor de que Vega participe en la causa, porque tiene una “notoria enemistad” con su esposo. “Es un verdadero enemigo”, mencionó.
E hizo hincapié en el allanamiento realizado en su domicilio, al que describió como “humillante, denigrante y estigmatizante”.
“Vega quiere, y piensa que está cerca de lograrlo, destruir a mi esposo (y a nuestra familia) pero no lo logrará”, agregó.
En el documento contó que se conoció con Bento en enero de 1987 en Chile.
En aquellos tiempos, el magistrado que vivía en Buenos Aires, viajó a Mendoza a visitarla y arrancaron una relación sentimental. Luego, en junio de 1989, Bento y Boiza se casaron.
Como en esa época la mujer se desempeñaba en el Banco de Previsión Social de Mendoza, pidió el traslado a la sucursal de Buenos Aires.
Al poco tiempo, Bento fue empleado en una Casa de Cambios, donde según la mujer, recibía altos ingresos. Con ese dinero compraron un auto en 1990 y un departamento en el barrio de Caballito en 1991.
Posteriormente, ambos se mudaron a Mendoza, en donde Bento fue nombrado funcionario judicial.
“Cuando vinimos a Mendoza nuestro patrimonio familiar ya era abultado”, destacó Boiza, opinando así sobre los bienes “significativos” que tenía la familia cuando el juez ingresó al sistema judicial.
La esposa del magistrado volvió a trabajar en 1998, luego de sufrir depresión por la parálisis cerebral complicaba la salud de uno de sus hijos.
La mujer reveló que cuando Bento asumió como juez en 2005, la situación se tornó muy difícil, ya que en aquel entonces Luis Leiva era el magistrado al que habían desplazado, y el camarista Otilio Romano quería que el puesto quedará para Vega.
“La secretaria que hoy instruye la causa, la Dra. (Ivana) Aramendi en ese tiempo era relatora del Dr. Vega y me denunció falsamente”, dijo.
En su descargó, la mujer se refirió a los viajes que realizaban al extranjero, a fin de visitar especialistas y asesorarse por la enfermedad de su hijo Facundo.
“Nosotros viajamos por una buena cuestión de salud física y mental, y juntos para cargar energías. Es nuestro momento de dedicación a la pareja. Es una canallada que el Fiscal haya sugerido que viajamos frecuentemente para hacer negocios turbios que no determinó, en el extranjero”, indicó.
La mujer sostiene que la familia cuenta con los ingresos para viajar, y además remarcó que utilizaron descuentos y Hot Sale para hacerle frente a esos viajes.
También, precisó que los alquileres de II Mercato y Hoteles del Sur S.A están declarados, y aseguró que nunca involucraron testaferros.
En lo que respecta a la investigación por lavado de dinero, dijo que no se ha probado que existiera ese delito.
