El kirchnerismo está decidido nuevamente a emprender una batalla contra el sector agropecuario como lo hizo en 2008 con la famosa Resolución 125. Bajo la premisa del teórico “desacople” de los precios locales de los valores internacionales, el oficialismo va a tratar de cambiar los limites que fija la ley vigente de hasta un 33% en soja, un 15% en granos y un 5% en los productos agroindustriales de las economías regionales, según publica este domingo la Agencia Nuevas Palabras.
La improbable hipótesis que subyace en la iniciativa oficialista es que el precio de los alimentos sube porque la oferta para el mercado doméstico está alterada por la demanda externa. El planteo es que el precio de la carne, el maíz, el trigo y la leche crece porque las empresas exportan grandes cantidades y dejan una menor oferta para el consumo local.
Frente a ello, el kirchnerismo analizar reflotar un viejo proyecto de ley que Retenciones del 2008, con la creación de un fondo de redistribución. Si bien la ley que establece el Derecho de Exportación es el Código Aduanero, el mismo dice que las alícuotas serán las que fije el Poder Ejecutivo en su momento. Las alícuotas actuales está fijadas por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva aprobada al inicio del mandato de Alberto Fernández. El kirchnerismo pretende avanzar en retenciones que sean más altas que las que fija esa ley que vence a fin de este año.
El proyecto de 2008 trataba de consagrar lo dispuesto por la Resolución 125 de retenciones móviles. La normativa había sido creada por el ahora opositor Martín Lousteau en su paso por el Ministerio de Economía, que elevaba el impuesto aduanero hasta 40% en caso de que la soja superara determinados valores.
El proyecto contaba con 26 artículos divididos en cinco capítulos. En el Capítulo I el proyecto ratificaba la Resolución N.º 125/08 y declaraba que -de sancionarse- la ley no afecta las atribuciones que el Código Aduanero le confiere al Poder Ejecutivo Nacional.
En el Capítulo II establecia compensaciones a pequeños productores de soja y girasol, sin alcanzar a aquellos que arriendan sus tierras sin trabajarlas directamente. Las compensaciones distinguen tres grupos de pequeños productores según el volumen exportado:
- A los que exporten menos de 300 toneladas, se les aplica una tasa de retención del 30 %;
- A los que exporten entre 300 y 750 toneladas, se les aplica una tasa de retención del 35 %;
- A los que exporten hasta 1500 toneladas, se les aplica una tasa de retención del 35 % sobre las primeras 750, abonando por las que excedan ese volumen, la tasa que resulte de la Resolución N.º 125/08.
“Habría que tener una nueva ley más acorde a la realidad de los precios internacionales que hoy tenemos para que el Estado tenga más flexibilidad a la hora de administrar este instrumento de desacople de precios que son las retenciones; en el caso de la carne, con retenciones, tenemos un margen un poco más grande, porque estamos en 9 y puede llegar a 15 puntos, que se podrían ampliar”, afirmó en una entrevista radial la diputada Fernanda Vallejos, quien suele expresar y anticipar las ideas del kirchnerismo más duro en materia económica.
La legisladora dijo que en afán de ese supuesto “desacople” de precios “hay un combo de instrumentos posibles: se pueden mejorar las retenciones; hoy el margen, que en el caso del maíz es bastante acotado, hay 3 puntos, de acuerdo con el margen legal que se pueden mejorar las retenciones”.
“El Estado argentino necesita recomponer sus capacidades de control, que es algo en lo que se está trabajando y que, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, se habían ido construyendo una serie de herramientas para que el Estado tenga capacidad de intervenir en las relaciones económicas”, aseguró.
