La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un nuevo Régimen de Escolaridad Protegida destinado a estudiantes del nivel primario de escuelas de gestión estatal y privada de Mendoza. La medida busca garantizar la continuidad educativa de alumnos que atraviesen situaciones excepcionales que pongan en riesgo su permanencia en el sistema escolar, mediante un esquema de acompañamiento institucional y pedagógico.
La resolución 4590, firmada por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, reemplaza un criterio que limitaba el acceso al régimen a estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o indicación médica.
A partir de ahora, la Escolaridad Protegida será considerada una condición de excepción para cualquier alumno que, tras una evaluación de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), requiera condiciones específicas para sostener su trayectoria educativa.
La normativa dispone que cada estudiante incorporado al régimen deberá contar con un Plan de Acompañamiento elaborado por el Docente Referente de Trayectorias (DRT) junto con el docente de grado. Ese plan incluirá estrategias pedagógicas, seguimiento permanente y ajustes según las necesidades de cada caso. Además, los alumnos serán identificados en el sistema de asistencia GEI con la sigla “EP”, para facilitar el monitoreo de sus trayectorias escolares.
Entre las herramientas previstas, la resolución contempla la posibilidad de implementar cursado virtual como parte del plan de acompañamiento. Sin embargo, esa modalidad solo podrá aplicarse tras una evaluación del equipo auditor y con autorización de la Dirección de Educación Primaria. La norma también establece la firma de un acta compromiso entre la escuela y los responsables parentales del estudiante.
En los fundamentos de la medida, la DGE sostiene que el objetivo es fortalecer las trayectorias escolares y prevenir el abandono educativo. El texto señala que las problemáticas que afectan la continuidad de los estudiantes constituyen barreras externas al aprendizaje y que las instituciones tienen la obligación de detectarlas, intervenir y realizar un seguimiento articulado con otros organismos cuando sea necesario.
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