La defensora oficial que renunció para evitar un Jury, desaprobó para ser fiscal y ahora busca ser jueza

La salida de Romina Crisafulli del Poder Judicial lejos de cerrar el conflicto abrió un nuevo frente de tensión institucional. Luego de que en febrero el Gobierno aceptara su renuncia como defensora penal de Pobres y Ausentes de la Segunda Circunscripción ya que era investigada por presunto desorden de conducta y mal desempeño, se postuló para ser fiscal de instrucción, pero no pudo quedarse con el puesto. Ahora, la letrada volvió a escena buscando un nuevo puesto en la Justicia.

Según se conoció este miércoles, Crisafulli se inscribió para rendir ante el Consejo de la Magistratura el examen para ser jueza colegiada, lo que generó cuestionamientos en ámbitos judiciales.

En febrero pasado que se conoció que la letrada se había presentado a rendir para el cargo de fiscal de instrucción, pero no logró quedarse con el puesto. Según indicaron desde la Justicia, Crisafulli no pudo aprobar el examen.

El despido

El proceso que derivó en la salida de Romina Crisafulli fue aceptado en diciembre pasado por el Jury de Enjuiciamiento.

Entre los cargos se mencionaron la presentación de certificados médicos inválidos —emitidos por un profesional no habilitado—, reiteradas inasistencias injustificadas, quejas por mal comportamiento de parte de magistrados y personal judicial, y la omisión de informar un cambio de domicilio a la Ciudad de Mendoza, abandonando de hecho la circunscripción donde debía cumplir funciones.

La denuncia fue impulsada por Cecilia Saint André, quien advirtió sobre las consecuencias operativas de esas conductas. Según planteó, las ausencias generaron “un grave perjuicio” organizacional y profundizaron la “falta de cobertura del servicio de defensa pública penal” en San Rafael.

En ese marco, sostuvo que fue necesario “efectuar una modificación en los sistemas de reemplazos y subrogancias, impactando severamente en las estructuras de funcionamiento del Ministerio”.

El avance del proceso disciplinario quedó trunco con la renuncia de la funcionaria, presentada antes de que el Jury de Enjuiciamiento resolviera su situación.

Sin embargo, ese cierre administrativo no impidió la continuidad de Crisafulli en el circuito de concursos judiciales. La superposición entre una salida condicionada por denuncias graves y la posibilidad de acceder a nuevos cargos reactivó cuestionamientos dentro del sistema.

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