Gustavo Correa, secretario general de CTA de los Trabajadores Mendoza y Ester Linco Lorca, secretaria general de Sadop denunciaron penalmente a José Thomas por violar el artículo 205 del Código Penal al adoptar medidas que permiten la propagación de la pandemia de Covid 19. Al mismo tiempo, presentaron un amparo ante la Justicia para que se vuelva a las clases virtuales hasta que baje la cantidad de contagios.
El planteo judicial sostiene que el Director General de Escuelas violó las normativas nacionales y provinciales en relación al régimen de escolaridad previsto en el marco de la crisis sanitaria. La denuncia sostiene que Thomas se niega cumplir la normativa establecida por el Consejo Federal de Educación para suspender el dictado de clases presenciales y, con ello, pone en riesgo la salud de los alumnos que asisten a las escuelas y a toda la comunidad educativa.
Los secretarios generales recordaron que el Artículo 205 del Código Penal considera una pena de seis meses a dos años de prisión a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En este sentido, señalaron que con el aumento de casos en la provincia se debieron tomar medidas para proteger a la población y frenar la propagación del virus y el titular de la DGE omitió esta situación.
“Los datos que tenemos superan ampliamente lo que estableció el Consejo Federal de Educación antes del comienzo de clases. Todos los días nos enteramos de docentes fallecidos. El sistema educativo está colapsado y el Director General de Escuelas brilla por su ausencia.” sostuvo Gustavo Correa en conferencia de prensa.
Amparo para las clases presenciales
En la Justicia civil los titulares de la Central Obrera y el Sindicato de Docentes Privados presentaron una medida cautelar para regresar a la virtualidad hasta tanto baje el ritmo de contagios. El objetivo, argumentan, es proteger la salud de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.
Para esto, se basaron en la resolución 386 del Consejo Federal de Educación en la que se establecieron los criterios para mantener la presencialidad. Expusieron los datos de la ocupación de camas UTI en la provincia y alertaron que están al borde del colapso, con valores superiores al 90 %. Al mismo tiempo señalaron que el cociente de casos de los últimos 14 días, en relación a los 14 días previos, superó el valor establecido para mantener la presencialidad (1.21).
“En Mendoza no hay medidas para enfrentar esta situación epidemiológica. Los números que tenemos son alarmantes. Necesitamos una presencialidad cuidada porque estamos colapsados y no queremos que el sistema de salud tenga que elegir a qué paciente salvar”, concluyó Linco Lorca.
Denuncia penal para el titular de la DGE por las clases presenciales
