En los últimos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que en Casa Rosada analizan la posibilidad de designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Este tema, como era de esperarse, hizo elevar la tensión en los espacios opositores a la administración nacional, sobre todo en Unión por la Patria (UxP).
Horas atrás, desde el interbloque de senadores nacionales de UxP emitieron un documento adelantando que rechazarán el “pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza ‘en comisión’”.
Por medio de un acta titulada “no hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado”, los miembros del interbloque, entre ellos la mendocina Anabel Fernández Sagasti, adelantaron que impulsarán “el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso de la 99, de la Constitución Nacional, que reza: ‘puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura’”.
“Como se desprende claramente de la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina, el término ‘empleos’ hace referencia al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”, agregaron.
Y remarcaron que el “mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, es “único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99; que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inciso 19 del mismo artículo”.
“Es por eso que la designación ‘en comisión’ de un juez o una jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”, siguieron.
Y cerraron: “Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para reestablecer el Estado de Derecho”.
