Finalmente, este jueves la Cámara Federal de Mendoza dejó firme el procesamiento del juez federal con competencia electoral Walter Bento por cohecho y prevaricato, entre otros cargos más, y calificaron de “improperios” los términos usados por el magistrado y la estrategia de su defensa encabezada por el abogado Mariano Cúneo Libarona.
Los camaristas Alfredo Rafael Porras, Gustavo Castiñeira de Dios, y Manuel Alberto Pizarro se expresaron en duros términos sobre Bento, quien había desistido de apelar, informaron este jueves fuentes judiciales a Télam.
“Se resolvió ordenar el procesamiento de Walter Ricardo Bento, respecto a los delitos de asociación ilícita (en calidad de Jefe Organizador), cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Marta Isabel Boiza -lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, indicaron desde la Cámara.
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Los jueces se refirieron en su resolución a “los improperios vertidos (por Bento) atendiendo a las inexactitudes, descalificaciones y agravios vertidos en el acto procesal mencionado, no sólo por responder a imputaciones agraviantes, irreales e injustas para con el Tribunal, sino que nos acompaña un claro deber de honestidad intelectual, y que dado la repercusión que ha tenido esta causa hacia la sociedad, sea ella misma quien pueda valorar el acontecer de estas actuaciones”.
En el texto por el cual Bento desistió de la apelación, apuntó que los camaristas forman parte de una maniobra de ‘lawfare’ que armó el juez federal Eduardo Puigdéngolas (quien lo procesó), junto con el fiscal Dante Vega, por lo que el cuerpo colegiado sostuvo que en sus dichos el magistrado -que aún conserva su puesto y tiene además competencia electoral- “cuestiona a toda la Justicia argentina”.
“Los cuestionamientos referidos, lejos de dirigirse a refutar o contradecir un determinado pronunciamiento judicial, se direccionan a cuestionar el funcionamiento pleno de un tribunal y del sistema de justicia de la República Argentina, al afirmar el descreimiento en nuestra administración judicial”, apuntaron los colegiados.
En esta instancia judicial también quedó firme el embargo que pesa sobre el magistrado cuestionado (por $ 177.610.000) y sobre las propiedades de Boiza por el valor de $ 149.773.600.
Bento está imputado como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo –es decir cobrar coimas– en diez oportunidades; en concurso ideal con prevaricato, retardo de Justicia, enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo.
