A fin de acelerar los trámites en lo que refiere a la desregulación aérea, y con el objetivo de evitar una sanción internacional, el presidente Javier Milei dispuso que María Julia Cordero tome las riendas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La abogada, recibida en 2022 y ligada al kirchnerismo, ocupará el lugar que tenía al frente al mendocino Gustavo Marón.
Cabe recordar que Marón, llegó a la administración libertaria en febrero pasado de la mano de Luis Petri.
Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Cordero se desempeñó en el sector como asesora en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Aerolíneas Argentinas y responsable del área de Género en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
El problema más urgente de la ANAC
El organismo busca cuanto antes bajar la categoría en materia aerocomercial, debido a desacoples operativos e incumplimientos de normas detectadas por una auditoria internacional.
La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense está cerca de penalizar a Argentina con una degradación del nivel de calificación otorgado al sistema aeronáutico local.
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El hecho de perder una categoría implicaría un freno tanto para las autorizaciones de mayor cantidad de frecuencias y vuelos a las empresas que operan hoy en día en el país.
En caso de que prospere la sanción, la cual EE.UU. aplicó durante tres años tras la crisis de 2001, Argentina quedaría expuesta a penalizaciones de igual tenor que podrían adoptar el resto de los países que tienen tratados y convenios aerocomerciales vigentes.
La intervención de la ANAC
Luego de que la ANAC haya sido intervenida, y tras el envío de una nota a la FAA solicitando unos meses más de plazo para modificar las irregularidades operativas, el Gobierno frenó, por el momento, las posible sanciones.
El tema es complejo, y así lo informó el Ejecutivo en el decreto 606/24, mediante el cual admitió que la ultima auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre el sistema aeronáutico argentino arrojó “un nivel de cumplimiento del 60,47 %, que se encuentra por debajo del promedio mundial”.
“En las áreas vinculadas con la organización de la aviación civil, la evaluación arrojó un nivel de cumplimiento del 41,67%; mientras que, en el sector relacionado con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue del 37,29%”, añadieron en relación a los resultados de la auditoria.
Según la visión oficial plasmada en el decreto, “a 17 años de la creación de la ANAC continúan evidenciándose relevantes disfuncionalidades que afectan la integralidad del sistema, generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y perjudican seriamente la reputación del país en el orden internacional“.
Ante la posibilidad de retroceder un escalón en la categoría aerocomercial, el Gobierno de Javier Milei destacó que “resulta necesario adoptar de manera urgente medidas orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación del organismo y promover una reorganización funcional que permita el cumplimiento de las funciones que se le han encomendado”.
Durante la intervención de la ANAC, que se extenderá por 180 días, y que puede ser prorrogado por un plazo similar, Cordero deberá llevar a cabo una auditoría sustanciada sobre el estado del organismo y evaluar la estructura operativa y el estado financiero.
La funcionaria, además, tendrá que implementar las regulaciones aeronáuticas latinoamericanas e implementar “el sistema de autoridad delegada de aviación” que prevé la normativa vigente y cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos internos y de gestión.