La polémica que se dio esta semana con Gildo Insfrán por la cuestión de los centros de aislamiento por el coronavirus, terminó revelando las inequidades de Formosa, provincia gobernada desde hace 25 años por aquel referente al que Cristina Kirchner jura admirar.
De pronto, una situación casi anecdótica desnudó los peores vicios de lo que parece ser una suerte de monarquía, disfrazada de democracia.
Con los peores índices de pobreza, analfabetismo e indigencia del país. A los que se suman los hechos de corrupción y narcotráfico. Experimento que bien podría ser la muestra del fracaso absoluto.
A pesar de ello, en las últimas horas el Partido Justicialista decidió salir a “bancar los trapos” y apoyar a Insfrán.
Lo hizo a través de un curioso comunicado, en el cual aseguró que Formosa “se destaca especialmente por los indicadores sanitarios logrados en defensa de su población” ante la pandemia de coronavirus.
Es bien cierto que la provincia gobernada con mano de hierro por Insfrán tiene índices bajísimos de contagiados y muertos —con las sospechas que ello conlleva— pero, ¿es lo único que puede destacarse de ese terruño? ¿Nada más?
El documento del PJ suena demasiado forzado y sobregirado, sobre todo porque acusa una “feroz campaña política y mediática” contra el Gobierno de Formosa. Como si no existieran los centros de aislamiento. O la persecución a la prensa local. O los hechos de corrupción.
Tal vez por ello el documento solo lleva seis firmas, la de José Luis Gioja, presidente del partido peronista, y la de los cinco vicepresidentes, Daniel Scioli, Lucía Corpacci, Leonardo Nardini, Rosana Bertone y Antonio Caló.
En otro orden de cosas, el gobierno se encuentra enfocado en un todo en lo que serán las elecciones legislativas de este año. Con el mandato de Cristina Kirchner de ganar sí o sí. Por una cuestión de necesidad de mayoría parlamentaria.
No le será sencillo, sobre todo por los aumentos que vienen en los servicios públicos y la inflación galopante, que está claro que ya no se puede contener.
No alcanzan ya los programas del tipo Precios Cuidados o Precios Máximos. Este último, por caso, está a punto de ser desactivado por completo, de manera gradual. Por pedido de los empresarios, que ya no toleran ser los que hacen el esfuerzo para que el gobierno se lleve los laureles.
Es por ello que las “extensiones” de las medidas tomadas por el oficialismo que se conocieron en los últimos días se hacen por pocos meses, pensando ya a corto plazo. Como ocurre con la ley de alquileres o la prohibición de despedir empleados, que se han prorrogado solo por 60 y 90 días, respectivamente. Patear la pelota para más adelante, como se dice.
A las complicaciones referidas se suma otra más “terrenal”: la cuestión dineraria. Porque, como se sabe, la mejor forma de hacer política para el kirchnerismo es “billetera en mano”.
Ello explica que La Cámpora copara desde un primer momento los organismos donde los fondos son abundantes e incesantes, como el PAMI, la Anses, Aerolíneas Argentinas y, ahora, YPF. No le importa hacer pie en lugares como el Ministerio de Educación, donde no hay nada para “embolsar”.
Hablando de YPF, la trama que viene será para alquilar balcones, ya que el gobierno debe trazar cuál será la estrategia en el marco del juicio que se lleva adelante contra la Argentina en los tribunales de Nueva York como consecuencia de la expropiación de la empresa petrolera.
El que trabaja a ese respecto es Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, quien debe manejarse en un peligroso equilibro: por un lado, tiene que defender los intereses del país; por el otro, tiene que cuidar las espaldas de Cristina. Pavada de misión.
Subyace allí una situación bien incómoda para el kirchnerismo. Refiere a la familia Eskenazi, que en 2007 se quedó con el 25% de las acciones de YPF sin poner un peso. A cuenta de futuras regalías.
Quien ofició el milagro fue Néstor Kirchner, lo cual hace especular con la posibilidad de que los Eskenazi no actuaran en nombre propio, sino como testaferros del expresidente de la Nación. Es información que un grupo de abogados amenaza con revelar en el litigio de Nueva York. Ello explica las inquietudes de Cristina.
Finalmente, el gobierno ha decidido sacar el pie del acelerador respecto de la pretenciosa reforma al sistema de salud que anunció oportunamente la vicepresidenta. En esta misma columna se anticipó que no tenía grandes chances de prosperar. Fue, más que nada, una “calentura” de Cristina contra puntuales sindicalistas.
Quien hizo oficial la “vuelta atrás” de la avanzada fue el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), Eugenio Zanarini, quien se sinceró al ser entrevistado por el sitio Mundo Gremial: allí puntualizó que “un sistema único e integrado es inviable”.
¿Desmentirá Cristina al funcionario, que cuenta con la confianza de Ginés González García? ¿Cumplirá su promesa de reemplazarlo por Beatriz Liliana Korenfeld, el “terror” de los sindicalistas, principalmente de Hugo Moyano?
Por ahora, solo por ahora, preguntas sin respuesta.
