La inseguridad en Mendoza ha alcanzado niveles alarmantes. En el último año, hemos sido testigos del avance del narcotráfico y de bandas criminales que se disputan el control territorial, dejando a los mendocinos y mendocinas en medio de una guerra que el Gobierno se niega a reconocer. La violencia se multiplica y las muertes vinculadas a ajustes de cuentas se vuelven moneda corriente, mientras la respuesta del Ejecutivo es superficial y cosmética, centrada en una estrategia de marketing antes que en una política de seguridad real y efectiva.
El Gobierno provincial está completamente alejado de la realidad. En lugar de diseñar una estrategia integral, opta por vender la falsa sensación de seguridad con anuncios sobre equipamiento policial, cuando la propia fuerza admite las condiciones de miseria en las que se encuentra trabajando. No hay un plan serio de seguridad, sino una gestión improvisada, sin rumbo ni objetivos claros, que se limita a reaccionar ante cada crisis en lugar de prevenir y combatir el delito con políticas sostenidas en el tiempo.
Los municipios, por su parte, están completamente disociados de cualquier estrategia de seguridad. Algunos intentan implementar acciones aisladas, mientras que otros directamente ignoran la problemática, dejando a los vecinos a la deriva, sin herramientas ni respuestas ante el avance del crimen.
A esta realidad se suma la decisión del Gobierno de eliminar todo control ciudadano sobre la seguridad pública. La disolución de los foros vecinales de seguridad por ley y la eliminación de oficinas fiscales no solo representan un retroceso en la participación comunitaria, sino que además impiden la recopilación de estadísticas reales sobre el delito, necesarias para diseñar políticas eficientes. Mendoza se está convirtiendo en una zona liberada, donde la seguridad de la población queda supeditada a la voluntad de los narcotraficantes y grupos delictivos.
Es momento de que el Gobierno provincial asuma su responsabilidad. Ya no alcanza con discursos vacíos ni con medidas superficiales. Hay que dejar de mirar para otro lado y poner las barbas en remojo. Se necesita un plan integral de seguridad que ataque de raíz el problema, con inversión real en prevención, equipamiento y formación para las fuerzas de seguridad, con un refuerzo del trabajo territorial y con políticas que involucren a los municipios en un marco de cooperación real.
Miles de mendocinos y mendocinas viven con miedo, rehenes de la inacción de un Gobierno que prefiere ocultar la crisis en lugar de enfrentarla. La seguridad no es una sensación ni un slogan de campaña: es un derecho fundamental que hoy nos están arrebatando. Es hora de recuperar el control y devolverle la tranquilidad a nuestra gente.
