Esta semana, un conjunto de expertos realizó, a pedido del SUTE, un informe de riesgo epidemiológico para la provincia de Mendoza (DESCARGAR).
Allí se apunta a brindar “criterios científicos” ante el comienzo del ciclo lectivo. “Es una tarea que hemos asumido ante la falta de información por parte del gobierno y la nula observancia de la normativa que ellos mismos aprueban”, advierte el SUTE al respecto.
El documento, según explicó el mismo gremio, está elaborado sobre la base de estadísticas del gobierno nacional y a los criterios aprobados en la Res. 370/2020 del Consejo Federal de Educación.
Considera la situación según zonas sanitarias (zona metropolitana, zona Valle de Uco, zona este y zona sur) y se analizan los siguientes indicadores: niveles de transmisión, relación entre semanas y ocupación de camas UTIs.
Al 30 de enero de 2021, el informe arroja que, de acuerdo a los criterios establecidos por el propio gobierno nacional en acuerdo con todas las provincias, el riesgo epidemiológico para la zona metropolitana es ALTO y las clases presenciales no deberían comenzar; para el resto de la provincia es MEDIANO.
El documento es una «foto», es estática, y puede variar en el tiempo. “El análisis del riesgo epidemiológico debería ser constante de parte del gobierno para una toma de decisiones responsables y científicamente fundamentadas”, explica el SUTE al respecto.
Y añade: “En cambio, ha primado una decisión política improvisada y cuyos objetivos distan de priorizar los derechos a la educación y al cuidado de la salud de la comunidad toda”.
El informe asegura que el retorno a la presencialidad implicará aumento de movilidad y esto puede ocasionar un crecimiento en las infecciones. “Mucho más cuando, como hemos denunciado sistemáticamente, no existen condiciones adecuadas en la mayoría de los edificios escolares: faltan espacios adecuados, servicios básicos como agua, ventilación acorde, insumos elementales como jabón en todos los baños, provisión de elementos de limpieza (alcohol, lavandina, desinfectantes), entre un montón de necesidades permanentes que el Estado desoye. Así como tampoco se garantiza conectividad y dispositivos tecnológicos para los/as estudiantes que más lo necesitan. Tampoco hay protocolos claros de actuación y se ha descargado toda la responsabilidad y organización en las escuelas”, culmina el documento.
