El Proyecto de Presupuesto 2026 incluye un artículo que amenaza con borrar de un plumazo la Ley 27.637 de zona fría, vigente desde 2021. Si la iniciativa avanza, más de 200.000 hogares mendocinos dejarían de percibir descuentos del 30% o del 50% en sus facturas de gas, lo que implicaría un tarifazo encubierto.
El régimen actual beneficia a tres millones de usuarios en todo el país y corrige una desigualdad histórica: mientras en zonas templadas se paga poco por el gas, en regiones frías —como Mendoza, Córdoba serrana o la Patagonia— el consumo inevitable por calefacción elevaba las boletas a niveles impagables.
Cómo funciona la Zona Fría
El sistema es sencillo y no tiene costo fiscal:
Los hogares de zonas templadas aportan un recargo mínimo en sus facturas.
Ese fondo financia descuentos del 30% para usuarios de zonas frías.
Los sectores vulnerables —jubilados, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, monotributistas de categorías bajas— acceden a un descuento del 50%.
De esta forma, el beneficio se sostiene con un fondo solidario entre usuarios, sin subsidio estatal ni impacto en el Presupuesto.
Qué pasaría con la derogación
Si se elimina la ley, la situación se revertirá:
En Mendoza, más de 200.000 hogares perderán el descuento.
A nivel nacional, tres millones de familias pagarán tarifa plena.
Solo quedarán incluidas la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Jubilados y familias de bajos ingresos afrontarán aumentos insostenibles.
En la práctica, esto reinstalaría la desigualdad: mientras usuarios de zonas templadas seguirían pagando poco, las provincias frías soportarían facturas mucho más altas.
El ajuste detrás de la medida
La decisión responde a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige reducir subsidios energéticos del 1,1% del PBI en 2024 al 0,4% en 2027. Para Mendoza, eso implicaría que muchas boletas de gas se dupliquen o incluso tripliquen, en un contexto de ingresos estancados.
Ya se observa un fenómeno alarmante: hogares conectados a la red están abandonando el gas natural para volver a la garrafa, más cara, menos segura y de peor calidad de vida.
El derecho del consumidor en juego
Especialistas advierten que la medida viola la Ley de Defensa del Consumidor, que garantiza un trato equitativo y no discriminatorio. Además, rompe la confianza legítima de las familias que organizaron sus economías bajo una norma vigente desde hace cuatro años.
Un debate que no puede ocultarse
El punto más crítico es el procedimiento: el Gobierno busca derogar la Zona Fría dentro del Presupuesto, sin un debate específico ni consulta a las provincias.
La discusión excede lo contable: se trata de pobreza energética. De si las familias podrán calefaccionar sus hogares o deberán elegir entre pagar el gas o pasar frío.
