¿Se podía haber evitado el escándalo del vacunatorio VIP? Es imposible saberlo, pero es probable que ello hubiera ocurrido si se daba cabida a un proyecto que presentaron hace dos meses los diputados nacionales por Mendoza Luis Petri, Alfredo Cornejo y Omar De Marchi. Acompañados por Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Luis Juez, Graciela Ocaña y Carmen Polledo, entre otros.
En esos días, los legisladores propusieron la creación de una Comision Bicameral Investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento del plan de vacunación contra el Covid-19 en todo el territorio nacional “ante la ausencia de información, la falta de transparencia, los múltiples interrogantes y sospechas que rodean la adquisición de vacunas por el Estado Nacional”.
Petri, como autor de la inciativa, sostenía entonces: «El Gobierno nacional ha improvisado desde la llegada del virus al país y lo vuelve a hacer con las vacunas. Mientras países como Chile ya comienzan a vacunar, el proceso de adquisición de vacunas por la Argentina, está lleno de anuncios vacíos, promesas incumplidas y graves irregularidades que necesitan ser investigadas».
En el mismo sentido, el Presidente de la UCR, Alfredo Cornejo advirtió en esas jornadas: “Es nuestra obligación controlar lo que hoy parece un descontrol y por eso necesitamos esta herramienta para que todo el proceso de compra de vacunas y su distribución sean claros. Sabemos que la salud es prioridad hoy, pero también queremos que sea con transparencia”
Dicha comisión, según indicaba el propio proyecto, podría requerir información o documentación al Ministerio de Salud, la ANMAT, al Ministerio de Defensa, Ministerios de Salud de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo otro organismo en lo que resultare pertinente. Además, investigar las condiciones de contratación, cantidades de vacunas adquiridas, plazos de entrega y su correspondencia o no con las condiciones establecidas en otros países para la adquisición; el precio pagado por el Estado Nacional por las mencionadas vacunas al/los laboratorios contratantes y su ajuste o no a los precios internacionales de adquisición por otros Estados de las mencionadas vacunas; los avances y alcances del Plan de Vacunación conforme a los tipos de vacunas adquiridas por el Estado Nacional, porcentaje de personas alcanzadas y condiciones médicas para acceder a dichas vacunas; la cantidad de vacunas enviadas a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y criterios para la determinación de las partidas.
Petri además explicó que «a facultades excepcionales -como las otorgadas por la Ley 27.573 de Vacunas que, entre otras cosas, consagró cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción y aprobación exprés de las vacunas adquiridas por el Estado Nacional- es imprescindible establecer controles excepcionales para garantizar la mayor información y transparencia por estar en juego la salud de toda la población».
La iniciativa finalizaba indicando que la Comisión Bicameral Investigadora «concluirá su tarea con un Informe Final, concluido el Plan de Vacunación contra el Covid-19, sin perjuicio de ello, deberá emitir informes semestrales respecto a su cometido, en particular lo establecido en el artículo 5 de la presente ley. Tanto los informes semestrales como el informe final serán obligatoriamente públicos».
