Los legisladores del Partido Demócrata de Mendoza, Mercedes Llano y Armando Magistretti, presentaron este lunes una denuncia formal contra el exgobernador Rodolfo Suarez ante la Oficina de Ética Pública.
La acusación se basa en posibles conductas incompatibles con el correcto desempeño de su función pública y presuntas irregularidades éticas durante su gestión como Gobernador de la Provincia de Mendoza, entre 2019 y 2023.
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La denuncia tiene su origen en las declaraciones que Rodolfo Suarez realizó el pasado 2 de octubre durante una entrevista con los periodistas Mariano Bustos y Nicolás Attias en el canal de streaming “Bardo”.
En esa conversación, Suarez admitió públicamente que durante su mandato como gobernador fue objeto de extorsión por parte de algunos medios de comunicación. Según el exmandatario, el temor a las repercusiones lo llevó a tomar decisiones para proteger su imagen y la de su administración, sin haber denunciado estas presuntas extorsiones al Ministerio Público Fiscal.
@LlanoMechi y @AMMagistretti presentaron una denuncia en la Oficina de Ética Pública contra Rodolfo Suarez por sus declaraciones en el programa BARDO. pic.twitter.com/B1jANX6TAj
— Partido Demócrata Mendoza (@pdemocrata) October 7, 2024
“El Sr. Suárez habría accedido a las exigencias de estos medios, realizando pagos con dinero público para evitar posibles consecuencias negativas en su imagen pública y la de su gobierno a punto tal que en el 2023 habría erogado casi siete mil millones de pesos para ello”, argumentaron en la denuncia.
Llano y Magistretti argumentan que estas declaraciones evidencian una posible gestión indebida de fondos públicos para evitar consecuencias negativas en la imagen del gobierno.
Se estima que en 2023 se habrían erogado casi siete mil millones de pesos en pauta oficial a diversos medios de prensa para satisfacer las demandas de estos y evitar así cualquier daño reputacional.
Finalmente, entre los hechos narrados manifiestan que “estas declaraciones no solo revelan una posible gestión indebida de fondos públicos, sino que también implicarían serias faltas éticas en cuanto al manejo de recursos del Estado para fines de autoprotección y manipulación mediática”.
