Un empleado público cometió fraude en la asignación de un número indefinido de beneficios de la tarjeta SUBE. Lo hizo a personas que no cumplían los requisitos para hacerlo. Por eso, el Gobierno decidió despedirlo y afirmaron que aún no se pudo calcular el daño causado al patrimonio del Estado.
A través del decreto 1.560 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aplicó la sanción. Dicha cesantía se realizó al agente del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, Leonardo Matías Albornoz. Las irregularidades se detectaron luego de un informe a partir de un sumario.
“Con el usuario del agente Albornoz se han otorgado y entregado tarjetas SUBE con beneficio a personas que no ostentan los requisitos para obtener los mismos”, detalló el informe.
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Además, en referencia a la entrega de beneficios de la SUBE, el sumario comunicó que el empleado Albornoz “asumió una serie de conductas reiteradas, pudiendo haberse provocado un grave daño patrimonial que no puede calcular la Instrucción”, por lo que se corrió vista al fiscal de Estado, Fernando Simón.
Por último, informaron que la relación a la jerarquía alcanzada y el posible abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, “resulta evidente que la falta que se le imputa al agente Albornoz solo puede ser perpetrada en ocasión de la función, cargo y permisos que ostenta”.
Por estos motivos, se decidió dejarlo cesante a Albornoz; y notificar a la Oficina de Ética Pública, a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado del Ministerio de Gobierno; a la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Infraestructura; a Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno.
