El fiscal Ramiro González prepara un escrito para notificarle en las próximas 48 horas al presidente Alberto Fernández que está formalmente imputado en la causa judicial en la que se investiga la violación de la cuarentena por la realización de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos.
Si es que el Presidente no se presenta antes en el expediente, le llegará un oficio que identificará quiénes tienen la calidad de imputado en el caso, cuáles son los derechos que les corresponden y la manera en que pueden declarar. Aludirá a los artículos 72, 73 y 279 del Código Procesal, que señalan que la persona a quien se le imputa la comisión de un delito tiene derecho, incluso cuando no hubiere sido indagada, a presentarse ante el tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
Este es el paso que esperaba el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, para poner en marcha su estrategia judicial. Cuando sea notificado de la formación de la causa, se presentará para ofrecer una conciliación o reparación del daño, entregando parte de su sueldo de Presidente a cambio de extinguir la acción penal.
Dalbón explicó que esta medida no implica admitir culpa alguna ni responsabilidad, ni asumir la comisión de un delito. Si el fiscal acepta el acuerdo, se lo elevará al juez federal Sebastián Casanello para que lo homologue y el caso se cierre. Alberto Fernández cobra unos 250.000 pesos por mes.
Esta solución, explicada a LA NACION por el propio Dalbón, se basa en la utilización de un mecanismo de solución anticipada de conflictos penales, mediante la aplicación del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que prevé que la acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio”. Dalbón dijo que Fernández quiere donar parte de su sueldo al Hospital Malbrán.
La imputación se presentará con la descripción de la prueba del caso. La Fiscalía ya recibió los informe de Casa Militar sobre los ingresos y egresos de la quinta de Olivos de la noche del cumpleaños. Resta que Jefatura de Gabinete de Ministros le envíe si las personas que asistieron tenían permiso de circulación a través de la aplicación “Cuidar” que el gobierno nacional creo para los esenciales o quiénes debían salir de sus domicilios.
La acusación es por el artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
“El hecho no está controvertido. Hay una foto que nadie negó y un reconocimiento público del Presidente de la Nación de que eso ocurrió”, le dijo a Infobae una fuente que trabaja en el caso. Con la imputación llegará el momento de la discusión de cómo resolver el caso. Y no todas las defensas del caso pueden coincidir.
En el festejo de cumpleaños participaron 11 personas: Fernández, Yañez, Stefanía Domínguez,Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham, todos amigos de la primera dama.
Excepto el jefe de estado, todos ya se presentaron en la causa y designaron abogados. Mauricio D’Alessandro, abogado de Domínguez, pidió que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que impusieron la cuarentena, y por lo tanto la imposibilidad de que la gente se reúna, y solicitó el sobreseimiento de la mujer.
“Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos – más allá de su invalidez e inconstitucionalidad – buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19”, sostuvo el abogado en la presentación.
*Con información de INFOBAE y diario La Nación.
