La detención del senador Edgardo Kueider, el legislador que cayó en Paraguay con u$s200 mil sin declarar, generó indignación en el bloque de Unión por la Patria (UxP).
La bronca llegó al punto de que sus compañeros de espacio, entre los que se encuentra la mendocina Anabel Fernández Sagasti, pidió “la inmediata expulsión por inhabilidad moral”.
“Los y las integrantes del Interbloque Unión por la Patria del Senado de la Nación requerimos a este cuerpo la expulsión del Senador Edgardo Darío Kueider en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional por inhabilidad moral sobreviniente dada por la gravedad de los hechos de público conocimiento”, señalaron en un comunicado.
Y denunciaron que se trata de “un hecho de extrema gravedad que no solo daña la imagen de este cuerpo legislativo, sino también la de la Argentina a nivel internacional”. El bloque, además, manifestó que la actitud de Kueider representa “un ataque directo a la ética, la transparencia y el honor del Senado de la Nación”.
“Estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias como ocurrió con la aprobación de la ‘Ley de Bases'”, continuaron y agregaron que es “de público conocimiento” que por su respaldo a la ley “recibió cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ha sido propuesto para ocupar la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, promovido por funcionarios cercanos al Presidente de la Nación”.
El bloque añadió que la captura en Paraguay se suma también a las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito en su contra y sus negociaciones con el Gobierno de Javier Milei para obtener un cargo en la embajada argentina en Uruguay. “Son muestras suficientes de la inhabilidad moral del Senador Kueider para formar parte de este Senado de la Nación”, subrayaron.
“Ante esta crisis institucional y moral, exigimos de manera urgente la aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional, para la inmediata expulsión del senador Kueider por inhabilidad moral sobreviniente. El Senado de la Nación no puede ni debe tolerar este nivel de desprestigio. Nuestra democracia requiere de representantes íntegros que actúen en favor del pueblo y no de sus propios intereses. Actuar con contundencia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético para recuperar la confianza ciudadana”, concluyeron.