En la causa que investiga el millonario robo de caños del Gasoducto NEA, en beneficio de una empresa de Mendoza, el juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, dispuso que el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, continúe detenido hasta el 18 de diciembre.
En la audiencia, celebrada esta semana de manera remota, se impusieron los argumentos del fiscal general Eduardo José Villalba respecto al riesgo procesal que representa, en esta etapa de la investigación, que Prado se encuentre en libertad. Villalba, asistido por la auxiliar fiscal Roxana Gual, pidió la extensión de la prisión preventiva, mientras que la defensa del ex intendente, a cargo del abogado Fernando Teseyra, buscaba que se revoque tal medida, se otorgue la libertad de su cliente, o bien se disponga, de manera subsidiaria, su arresto domiciliario.
Al momento de fundamentar los planteos, la fiscalía presentó los dichos de testigos que reconocieron haber recibido llamados de Prado para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante, cuando se debatía su continuidad en el cargo. Indicó nuevos detalles aportados por un “imputado colaborador” y resaltó que el escenario de grave riesgo procesal ya había sido previsto cuando se solicitó la prisión preventiva, confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la semana pasada.
La defensa, en tanto, minimizó las declaraciones de los testigos respecto a la influencia negativa de su cliente, lo que fue adjudicado a cuestiones de rivalidad política, e insistió en una prisión domiciliaria, incluso propuso que sea vedado de acceder a medios tecnológicos. El mismo Prado, desde su lugar de encierro en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, prestó declaración y aseguró que no será “un impedimento” para la justicia, a la vez que aseguró “no voy a volver a ser político”.
Por su parte, la querella, representada por el abogado Sebastián Schmidt Dodds, por EASA SA, del Estado Nacional, adhirió a los argumentos de la fiscalía y se opuso al pedido de la defensa.
Tras analizar los argumentos de las partes, el juez Montoya resolvió extender la prisión preventiva y no morigerar la medida de coerción.
Medios tecnológicos
Sobre la discusión en torno a que Prado permanezca aislado de medios tecnológicos para evitar así que pueda influenciar de manera negativa en los testigos, planteo realizado por la defensa, el fiscal rechazó esa posibilidad y recordó que este aspecto fue ya anticipado por la jueza Mariana Catalano, de la Sala II, quien lideró el voto que confirmó la prisión preventiva del ex intendente.
“La jueza fue muy clara al advertir que, en el caso de que se disponga una prisión domiciliaria para Prado, el riesgo de que pueda entorpecer el proceso a través de medios tecnológicos, se hallaba latente”, recordó Villalba, quien también resaltó de la misma magistrada la facultad del Ministerio Público Fiscal de avanzar con distintas pruebas, sin la necesidad de detallar cada una de ellas a la defensa.
Por su parte, el juez, al resolver, indicó que el planteo de la defensa de aislar al ex intendente de medios tecnológicos es “una medida de imposible cumplimiento”.
Influencia
Al referirse a la influencia del ex intendente sobre los empleados, ya sea de la municipalidad o del Concejo Deliberante, Villalba señaló que “uno de los testigos manifestó frente al defensor de Prado cómo su cliente había influenciado de manera negativa, tanto en él como en otros empleados para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante”.
Destacó que “lamentablemente se cumplió el pronóstico que esta fiscalía ya había anticipada respecto al riesgo de entorpecimiento por parte del acusado”, quien habría impartido órdenes para frustrar el proceso respecto a su destitución en el cargo, lo que hacía presumir al funcionario que, con la justicia, la situación no sería diferente.
El fiscal resaltó que “la sola ascendencia” de su figura ya significaba una presión natural para los empleados, algunos de los cuales reconocieron que, antes de acudir al Concejo Deliberante, “llamaron a Prado para preguntar qué debían hacer”, prueba clara del poder que el acusado tiene en los posibles testigos.
Respecto al testigo que dejó en evidencia los llamados de Prado para entorpecer el proceso de destitución en el cargo del ex intendente, la defensa buscó desacreditar al declarante y sostuvo que se trata de un “rival” político de su cliente, con aspiraciones de sucederlo en el cargo.
Al momento de resolver, el juez Montoya le dio la razón al fiscal en cuanto a la influencia del acusado, al tener por acreditado que así lo dejaron en evidencia los testigos que ya declararon. Además, desechó el argumento de “sucesión” automática en el cargo por parte del testigo aludido, pues que la única manera de remplazar al ex jefe comunal es a través de un llamado a elección.
Más testimoniales
Villalba agregó que aún resta avanzar con otras 20 testimoniales, tanto a empleados del Concejo Deliberante como de la Municipalidad de Aguaray. “La investigación se encuentra en su estado más febril, por lo que día a día surgen medidas a llevar adelante, entre ellas el análisis de documentación que fue secuestrada, la cual puede abrir nuevas puertas a investigar”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que uno de los testigos, mediante mensajes de texto, le pidió a Prado la devolución de documentación contable que se llevó días previos a la intervención. “Se trata de documentos relacionados a una erogación de 800 mil pesos. Pese a los reiterados pedidos del testigo, el ex intendente nunca contestó ni dio indicaciones de esos papeles”, explicó.
Cómo fue el choreo
El timo por el cual se acusa a Prado se motorizó tan solo 13 días después de asumido en diciembre pasado, luego de firmar una polémica resolución para que la empresa mendocina OSYP S.A. remueva, retire y se apodere -gratuitamente- de varias docenas de caños valuados en cifras millonarias.
Los materiales removidos no pertenecen ni siquiera al municipio, sino a la obra del inconcluso Gasoducto NEA.
Es por ello que la empresa que estuvo al frente de esos trabajos, Vertúa S.A., denunció lo que puede llegar a ser una estafa de varios millones de dólares contra el Estado Nacional. Lo que destacan es que las pérdidas no son en contra de una empresa, sino más bien del estado argentino.
En este sentido, según la resolución, el intendente Prado aprobó la sesión de los caños a la empresa mendocina con el objetivo de producir un “saneamiento ambiental” en Aguaray.
