Una noche, seis nombres
Esa misma madrugada otro grupo irrumpió en la casa de Clara Nélida Medina de Bianchi, quien años después fundaría la filial tucumana de Madres de Plaza de Mayo. Eran una docena de hombres armados, con el rostro tapado y pelucas. Buscaban a su hijo Ramón Oscar Bianchi, delegado estudiantil de Bioquímica.
Como no lo encontraron, los golpearon y se llevaron a su marido, Francisco Rizo, que horas después aparecería en Tafí Viejo. Antes de irse saquearon la vivienda. “Hasta se comieron lo que había en la heladera”, recordó Nelly ante el Tribunal Oral Federal cuando dio su testimonio, con el pañuelo blanco en la cabeza.
Esa misma noche Oscar fue capturado en la casa en donde vivía con su esposa y la familia de ella. Un sobreviviente declaró haberlo visto en el centro clandestino que funcionaba en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso norte a la capital. Sus restos fueron identificados en el Pozo de Vargas en marzo de 2015.
El disfraz de los represores se repitió en la casa de Sáenz Peña al 200, en donde vivían Julio Arnaldo del Castillo y su esposa, Marta Pérez, ambos salteños. Julio tenía 26 años, era técnico químico en el Ingenio Fronterita, estudiaba Bioquímica y militaba en el Peronismo de Base.
Así lo contó Marta ante los jueces: “Decían que buscaban literatura subversiva. Cuando se estaban por retirar, corrí hasta la habitación en donde lo tenían. Julio ya estaba vendado y con las manos atadas. Me arrastraron hasta el cuarto de nuevo. Quedé sentada en la cama, con seis tipos. Uno se sacó la máscara”. Años más tarde, mientras estaba Marta como público en el juicio Jefatura I, reconoció ese rostro entre los imputados, era el represor Luis De Cándido.
La mujer debió esconderse durante años y su casa fue saqueada. Otros detenidos declararon haber compartido cautiverio con Julio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y haberlo visto muy deteriorado. Su identificación en el Pozo de Vargas se conoció en marzo de 2017. “Espero que la impunidad termine y que no quede un solo genocida afuera”, pidió su esposa al cerrar su declaración.
En otro punto de la capital tucumana la patota se llevó juntos a los hermanos Jorge Luis y Roberto Julio Romero Toledo, de 21 y 22 años, ambos estudiantes universitarios; Roberto, además, era técnico químico y cursaba Bioquímica. No hay testimonios de su paso por ningún centro clandestino. Sus restos aparecieron en la fosa de Tafí Viejo y fueron identificados en octubre de 2016.
Horas antes, en 14 de abril, tres hombres de civil y fuertemente armados ya habían sacado de su casa de Bernabé Aráoz al 900 a Humberto Reyes Morales, de 22 años, estudiante de Química. Entre ellos estaba Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, entonces jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía tucumana, luego condenado por crímenes de lesa humanidad. Reyes Morales fue visto en el Arsenal en mayo de 1976. También fue identificado en el pozo en 2016.
Septiembre: el mismo método, otro estudiante
La persecución contra los estudiantes tucumanos no se detuvo en abril. El 14 de septiembre de 1976, dos días antes de que empezaran los secuestros de los secundarios en La Plata, un grupo de tareas interceptó a Luis Falú a pocos metros de la casa familiar, en Lamadrid al 600, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Tenía 25 años, trabajaba en Gas del Estado y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Militaba en el Integralismo, una agrupación universitaria del peronismo revolucionario. Para su familia era Lucho, era hermano del guitarrista y compositor Juan Falú y sobrino del folclorista Eduardo Falú.
Lo llevaron al Arsenal Miguel de Azcuénaga, en donde fue torturado. Durante años su familia no supo nada de él. Recién con los juicios de lesa humanidad apareció un relato de su final. Se trató del exgendarme Omar Torres, quien había custodiado a los detenidos en ese centro clandestino y declaró que vio a Antonio Domingo Bussi, exgobernador de facto y condenado por delitos de lesa humanidad, ejecutarlo de un disparo en la sien.
Dijo que lo recordaba por el apellido, que le había quedado grabado por el parentesco con el célebre músico. Según ese testigo, el propio Bussi abría las rondas de fusilamiento para comprometer a sus oficiales. Los cuerpos se quemaban en una fosa dentro del predio o se cargaban en camiones con rumbo desconocido y todo indica que el destino era el Pozo de Vargas. El caso de Lucho fue uno de los que le valieron a Bussi una condena a prisión perpetua.
“Ese lugar está asociado a Bussi porque él le dio un tiro en la cabeza a Lucho, mientras estaba arrodillado, con los ojos vendados y las manos atadas atrás”, contó Juan Falú, que empezó a visitar el Pozo de Vargas cuando arrancaron las excavaciones, mucho antes de tener algún indicio de que su hermano pudiera estar allí.
La confirmación llegó el 7 de junio de 2016, cuando peritos del EAAF y del CAMIT les comunicaron que los restos de Lucho habían sido identificados en la fosa de Tafí Viejo. La familia dudó en contárselo a la madre, Esther, de 99 años y muy enferma. Juan lo recordó así a Ámbito. “Era una noticia largamente esperada, necesaria. A las pocas horas murió, su reacción fue yéndose, en paz, antes de cumplir sus 100”.
El músico se ha preguntado muchas veces por el recorrido nocturno de esos camiones cargados de cuerpos, desde el Arsenal hasta el pozo, en lo que fue un segundo intento de borrar todo rastro. Para él, ese lugar tiene hoy otro sentido. “El Pozo de Vargas es la luz de los que están ahí abajo”, reflexionó.
Qué fue la Noche de los Lápices
La Noche de los Lápices es el nombre con que se conoce la serie de secuestros de estudiantes secundarios ocurrida en La Plata a partir del 16 de septiembre de 1976. Fuerzas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo el mando del general Ramón Camps, se llevaron a un grupo de adolescentes, en su mayoría militantes estudiantiles que habían participado del reclamo por el boleto estudiantil secundario.
Seis de ellos continúan desaparecidos: María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha, Horacio Ungaro, Daniel Racero y María Clara Ciocchini. Otros cuatro sobrevivieron, entre ellos Pablo Díaz, cuyo testimonio en el Juicio a las Juntas de 1985 hizo conocer el caso en todo el país. El 16 de septiembre quedó instituido como una fecha de memoria sobre la persecución a la juventud estudiantil durante la dictadura.
En Tucumán, la secuencia fue anterior y tuvo características similares. Jóvenes, estudiantes, militantes o delegados, arrancados de sus casas en una misma noche por grupos que operaban con total impunidad. Con una diferencia, en esta provincia llevaba más de un año bajo el Operativo Independencia, la maquinaria de la desaparición ya estaba aceitada y siguió funcionando durante todo ese año.
El Pozo
El Pozo de Vargas está en Tafí Viejo, en el límite con la capital provincial. Es una construcción de mampostería de fines del siglo XIX, de unos tres metros de diámetro y alrededor de 40 de profundidad, que abastecía de agua a las locomotoras a vapor junto a las vías del ferrocarril. Estaba dentro de una finca privada, propiedad de Antonio Manuel Vargas, de quien tomó el nombre.
Entre 1975 y 1977 fue utilizado para ocultar los cuerpos de personas asesinadas tras pasar por el Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Jefatura de Policía y otros centros clandestinos. Para borrar las huellas, los represores demolieron la boca del pozo y arrojaron dentro toneladas de escombros, ripio y chatarra. Luego, creció sobre los restos una finca de limones.
La investigación judicial se abrió a partir de la denuncia de un partícular, apoyada en los testimonios de vecinos, militantes y trabajadores que conocían el uso que se le había dado al pozo. En abril de 2002 comenzaron las tareas periciales, primero a cargo del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, luego del CAMIT y EAAF. Tras más de veinte años de trabajo, en febrero de 2023 se dio por concluida la excavación. Del fondo se rescataron decenas de miles de fragmentos óseos que corresponden, como mínimo, a 149 personas, de acuerdo a datos oficiales.
En 2015 el lugar fue señalizado como Sitio de Memoria. Hoy es la fosa clandestina con mayor cantidad de identificaciones del país y con Carlos Medina ya son 122. Entre ellos hay trabajadores de ingenios, ferroviarios de los talleres de Tafí Viejo, amas de casa, docentes, estudiantes y también figuras como el exvicegobernador tucumano Dardo Molina, secuestrado el mismo día del golpe, y el propio “Lucho” Falú.
Todavía quedan 27 personas por ponerle nombre. El EAAF insiste en convocar a los familiares de desaparecidos que aún no hayan aportado su muestra de sangre. Una gota puede bastar para que otra familia, como la de Carlos, deje de esperar.
